El Consejo de Gobierno insular del Cabildo de Gran Canaria acordó, en su sesión ordinaria de ayer, adjudicar por un importe total de 14 millones de euros la concesión del mantenimiento de las carreteras en el Norte y Sur de la isla durante los próximos cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros dos ejercicios.
Según informó tras el encuentro el presidente de la corporación local, Antonio Morales, la conservación viaria en el Norte se otorgó a la unión temporal de empresas constituida por Satocan e Indra Sistemas por valor de 8 millones de euros, mientras que la correspondiente al Sur recayó sobre la UTE Dragados-Ring Canarias por un monto de 6,2 millones. Dos contratos "importantes para el manteniemiento para las carreteras de la isla", definió el presidente nacionalista sobre las adjudicaciones realizadas ayer después de los "recursos que paralizaron y reiniciaron el proceso".
Posteriormente, el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes, Ángel Víctor Torres, detalló que los dos expedientes administrativos incluyen sendas partidas de alzada para la realización de mejoras en las carreteras por importe de 900.000 euros anuales en el caso norteño y 450.000 en el sureño. "Era un acuerdo necesario desde hace tiempo para mejorar las vías de Gran Canaria", abundó el consejero socialista.
Denuncia anónima
Precisamente, la conservación de las redes viarias del Norte y Sur de Gran Canaria se adjudicaron durante el mandato anterior, con gobierno del Partido Popular por entonces, a las empresas Pérez Moreno y Aceinsa Movilidad, respectivamente, aunque una denuncia anónima presentada ante el interventor del Cabildo sobre una presunta trama de corrupción en el área de Carreteras provocó la anulación de los concursos públicos. Sin embargo, la reanudación del procedimiento administrativio por parte del tripartido Nueva Canarias, Partido Socialista Canario y Podemos tras las elecciones de 2015 no disipó la polémica en el ámbito viario.
La adjudicación de tres de los cinco contratos de mantenimiento de las carreteras insulares (Red de Alta Capacidad, por valor de 23,3 millones de euros; Medianías y Cumbres, por 7,9; y Oeste, por 6) recayó en Pérez Moreno, por lo que una sola empresa acaparó casi el 75% de los fondos en licitación (37,3 millones). Por ello, el resto de firmas participantes en los concursos públicos presentaron cuatro recursos contencioso-administrativos, dos en los juzgados y otros tantos ante la propia Consejería de Obras Públicas del Cabildo.
Contra el contrato más cuantioso obtenido por Pérez Moreno recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuatro UTE integradas por nueve compañías (Lem, Bitumex, Ralons, Félix Santiago, Hermanos García Álamo, FCC, Sacyr, Elsan y Mantenimiento de Infraestructuras), mientras que sobre el segundo actuó por la misma vía una empresa en solitario (Lem). Según informó ayer Ángel Víctor Torres, el TSJC ya desestimó las medidas cautelares solicitadas en un caso para la paralización del servicio, ya que el Cabildo firmó con Pérez Moreno el inicio del mantenimiento tanto en la Red de Alta Capacidad como en Medianías y Cumbres desde el 1 de noviembre.
Además de sobre los tres contratos logrados por Pérez Moreno, un recurso se dirigió contra la adjudicación en favor de Api Movilidad (Centro, por 6,5 millones), tras la renuncia de Comsa como ganadora del concurso. Tanto el mantenimiento del Centro como el Oeste se recurrieron por vía potestativa ante la propia corporación, por lo que el área dirigida por Ángel Víctor Torres paralizó la firma de los contratos hasta la resolución de las impugnaciones.
Por entonces, la UTE Dragados-Ring Canarias, coprotagonista en las adjudicaciones de ayer, logró el restante contrato en disputa (Red Interior, por seis millones), sin recurso conocido hasta el momento. Por su parte, una UTE liderada Satocan, también beneficiada ayer, había logrado un contrato (Red de Alta Capacidad) antes de la anulación por denuncia anónima.
