La exalcaldesa María del Pino Torres y el exconcejal David Delgado deberán pagar sendas multas de 1.440 euros por desobedecer una sentencia que les obligaba a tomar medidas contra el ruido en los locales de ocio nocturno de la Plaza de Maspalomas y el Centro Comercial Águila Roja. La sentencia, que es recurrible ante la Audiencia de Las Palmas, también les condena a nueve meses de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público.
Torres, de Nueva Canarias (NC), fue alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana entre 2009 y 2011, periodo en el que ocurrieron los hechos. Delgado, del Partido Socialista (PSOE), desempeñó la tarea de teniente de alcalde y dirigió las áreas de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente y Actividades Clasificadas (Bandos). Ambos están condenados como coautores de un delito de desobediencia a la autoridad, según establece la sentencia, que fue dictada el pasado 11 de enero por el Juzgado de lo Penal número de Las Palmas. Ninguno de los dos se presentó a las pasadas elecciones municipales y el exedil se incorporó a su puesto de funcionario en el departamento de Cultura, un regreso que podría verse afectado por la inhabilitación de la resolución judicial.
La magistrada María Gabriela Ramos considera que Torres y Delgado actuaron "con evidente ánimo de desafiar el principio de autoridad" del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas. Ese órgano judicial notificó al Ayuntamiento en octubre de 2009 que tenía dos meses para abrir "de inmediato" un expediente, con la finalidad de adoptar las "medidas oportunas" para que "los niveles sonoros de la Plaza de Maspalomas desciendan a niveles tolerables", todo ello conforme a una ordenanza municipal de 2002 sobre Protección del Medio Ambiente frente a Ruidos y Edificaciones. Luego, el 17 de febrero de 2010, el juzgado "requirió" a la administración "si ya había" ejecutado el fallo judicial, pero la alcaldesa y el concejal "mantuvieron su voluntad de no cumplir con lo que la norma exigía y la sentencia les condenaba hasta el fin de su mandato electoral el 11 de junio de 2011". La juez añade que ambos actuaron "a sabiendas de su ilicitud y de las consecuencias penales de su acción".
Delgado, como responsable de Disciplina Urbanística, alegó en el juicio que cumplió la sentencia porque su negociado inició el expediente al que estaba obligado. La magistrada, tras evaluar la prueba documental practicada, ratificada la incoación del expediente, pero añade que no se tomaron las medidas solicitadas para adecuar la música a niveles tolerables.
El Ayuntamiento requirió a los locales de la Plaza de Maspalomas y del Águila Roja que adoptaran medidas correctoras para insonorizar los locales. También exigió que se silenciaran o se retirasen los equipos de música situados en el exterior. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2009, tres semanas después de esos requerimientos, los responsables de los apartamentos Jardín del Atlántico volvieron a quejarse por el "alto volumen de los equipos de música", una escandalera que hace "totalmente imposible" el descanso de los visitantes. El 11 de febrero de 2010, Delgado dicta un bando y reitera sus solicitudes, pero no se retiran los aparatos de música. La Policía Local, en agosto de 2010, emite varios informes y deja constancia de que las molestias persisten, incluso identifica locales que carecen de licencia de apertura, no están insonorizados y funcionan en una categoría diferente a la autorizada.
La magistrada se basa en toda esa documental para fundamentar la condena . También en la prueba pericial, pues "los niveles de ruido siguieron superando ampliamente la normativa". Los resultados de las mediciones en la Plaza de Maspalomas y alrededores oscilaron entre los 102 y los 109 decibelios.
