La nueva Ley del Suelo del Gobierno de Canarias se presenta como una "solución provisional" al fenómeno de la residencialización en la costa de los municipios turísticos. Tras ocho meses de reivindicaciones los afectados por las restricciones que impone la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias en el uso de apartamentos en el Sur como vivienda habitual o segundas residencias lograron ayer por primera vez reunirse con el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y su grupo de gobierno. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, explicó tras el encuentro que la normativa contemplará el uso consolidado de los propietarios de bungalós hasta que se abra el debate turístico el próximo año.
Cerca de 70.000 familias canarias tuvieron por fin ayer la oportunidad de trasladar al mandatario regional, a través de sus representantes, sus reivindicaciones sobre la ley que limita sus derechos sobre sus inmuebles en zona turística. En concreto la plataforma de afectados exigió a Clavijo la modificación puntual de las tres leyes que desde 2001 regulan la materia -Ley de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias de 1995, 2003 y 2009- además de la "derogación completa" de la iniciativa de 2013, que provocó este verano un aluvión de alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Supletorio de San Bartolomé de Tirajana.
Primer paso
Por el momento, el equipo de Clavijo ha decidido incluir en el borrador de la nueva Ley del Suelo las propuestas de los afectados. "Un primer paso", que ofrece el gobierno de forma "temporal" para "regular" el uso consolidado del territorio que poseen los propietarios de apartamentos en el Sur de Gran Canaria y del resto de las Islas, ya que se ha de recordar que aunque el conflicto haya surgido en la isla redonda es "aplicable al resto del Archipiélago".
"La situación real de los afectados no cambiará hasta 2017, cuando se abra en el Parlamento el debate turístico que engloba este aspecto. Pero hasta entonces lo que pretendemos es encontrar una salida a este conflicto a través de la nueva normativa que recogerá el uso consolidado de los propietarios", aclaró la consejera.
Para la redacción de la nueva Ley del Suelo, que discrimina entre los "supuestos de uso consolidado y los que quedan fuera de ordenación", Barreto se ha reunido en los últimos meses con casi una veintena de colegios profesionales de las Islas, instituciones y grupos ecologistas, entre otros colectivos. La consejera espera que la iniciativa se apruebe, "si todo va bien", a finales de este año pero también recordó que sus competencias responden meramente a cuestiones de "ordenación del territorio" y no "sectoriales", como "es el ámbito turístico". "Para eso habrá que esperar a 2017, como ya ha anunciado el presidente", agregó.
Por su parte, el presidente de la plataforma de afectados, Blas Padrón, valoró "positivamente" la iniciativa, aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer. "Es importante que al menos las autoridades hayan tenido en cuenta nuestras reivindicaciones, aunque realmente la clave de esta cuestión está en no continuar con la aprobación del plan urbanístico de San Bartolomé. Sobre este documento pesa la Ley Turística, su decreto y el resto de normativas que se han de cambiar, por lo que es absolutamente necesaria su paralización", reiteró Padrón, acompañado por el resto de la directiva de la entidad.
A la cita también acudió el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, quien aseguró tener constancia de los cambios legislativos que ha puesto en marcha Clavijo en este sentido a través de la Federación Canaria de Municipios. El regidor del municipio sureño recordó una vez más que los ayuntamientos "deben cumplir" las directrices que marcan las administraciones de rango superior, como el Gobierno de Canarias, y que ahí termina su "marco de actuación".
