Dos ingenieros jubilados, José Suárez Megías y Fermín Monzón Suárez, y un tercero en activo, Rubén Santana Rodríguez, presentaron siete alegaciones a la aprobación inicial del documento de adaptación del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, cuya redacción actual "adolece de más profundidad en la planificación de los pasados, actuales y futuros problemas" de la capital. Entre otras actuaciones, los tres especialistas, con la colaboración del arquitecto Manuel Jorge, proponen el desdoblamiento de los túneles de Julio Luengo para evitar una próxima situación de "movilidad insostenible" en la ciudad y, por extensión, en toda la Isla.
Basadas en un documento también de propia elaboración, Plan de la Red de Transporte y Movilidad Sostenible de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Plan Red), las alegaciones se registraron el pasado abril en el Cabildo de Gran Canaria y, además, se presentaron a finales de enero ante la consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda. Hasta entonces, "nos recibían bien y nos escuchaban, pero entraba por un oído y salía por el otro, nadie hacía nada y se quedaba en un cajón por falta de voluntad política; nos pareció que la consejera acogió con mucho interés la propuesta, porque es un tema fundamental y una oportunidad importante para el futuro de la ciudad", valoraron ayer Monzón Suárez, de 83 años e ingeniero de caminos, y Suárez Megías, de 73, ingeniero técnico de obras públicas y expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Ciudad isla y capital provincial
Protagonistas en la construcción de la avenida Marítima, finalizada a mitad de la década de los ochenta del siglo pasado, los dos expertos centran sus consideraciones previas a las propuestas en Las Palmas de Gran Canaria como "capital, ciudad isla y capital de la provincia", ya que "el PIO debe controlar a los PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] municipales" .
El documento subraya la "enorme densidad de población" (3.749 habitantes por kilómetro cuadrado, la mayor de Canarias frente a los 1.470 de Santa Cruz de Tenerife o los 900 de Telde) de la ciudad, al concentrar el 50% de los residentes de la isla (383.343 personas) o el 70% si se incluye en el área metropolitana a Telde, Santa Brígida y Arucas (120.000). Con el 63% de los vehículos en circulación (252.879 unidades) y el 80% del tráfico de mercancías ("con el mayor parque empresarial del Archipiélago, El Sebadal, y su gran puerto de La Luz, auténtico motor de nuestra economía"), "Las Palmas es una capital metropolitana", por lo que sus "servicios han de ser protegidos por ser fundamentales para el resto de municipios e islas".
Además, el informe firmado por Monzón, Suárez y Santana recuerda la existencia en la ciudad de "23 barrios inaccesibles en su mayoría para los transportes públicos (...), auténticos polos de residencia insostenibles, inseguros y de baja calidad de vida", frente al "cambio espectacular de los municipios grandes, medianos y pequeños (...), auténticas joyas turísticas y de desarrollo sostenible". A su juicio, "en Las Palmas, por su orografía y desarrollo lineal frente al litoral marítimo (...), no caben algunas de las soluciones recomendadas, como las de los transportes colectivos de masas, tranvías, trenes de cercanías y, a veces, ni las guaguas que cubran viajes a esos barrios o caseríos tan dispersos y aislados".
Más de 800 millones en total
Aunque la apertura de las tres primeras fases de la circunvalación viaria de la capital alivió el tráfico urbano e insular (de 130.000 vehículos diarios en 2004 a 95.805 en 2014, según la estación de aforo frente al muelle deportivo), las estimaciones del tránsito en la avenida Marítima alertan de niveles "muy incómodos" durante el periodo 2017-2020 y "congestiones inasumibles" para 2019-2022.
La apertura de la cuarta y última fase de la circunvalación, sólo "retrasarán estas fechas en 3 a 4 años", según las mismas fuentes, pendiente de finalización, "el punto crítico se retrasará a 2023 con crecimientos [del Producto Interior Bruto] del 4% o 2026 con crecimientos del 2%". Y en los tramos entre la plaza de Belén María, Torre Las Palmas, túneles de Julio Luengo y avenida Mesa y López, "las cosas serán más difíciles", con tráfico "muy complicado, inestable e inseguro" a partir de 2020, "aunque entre en servicio la fase IV".
Por ello, "ineludiblemente en el 2020, debe estar en servicio el desdoblamiento del túnel Julio Luengo, tramo Base Naval-plaza de América (Plan Red fase primera) y otras veinte medidas más de mejoras de la movilidad sobre la actual infraestructura". Precisamente, la primera alegación de Monzón, Suárez y Santana al PIO considera "de urgente ejecución" el primer tramo del Plan Red, con una longitud de 1.500 metros, un presupuesto de 63 millones y un plazo de seis meses.
Mediante la construcción de un túnel por debajo de Mesa y López, "no solo cerraríamos la imprescindible comunicación con el corredor litoral Norte y circunvalación, hasta Agaete y Tenerife, sino que no serían necesarias las inversiones programadas en Torre Las Palmas, plaza de América y obras de destrenzado de Las Alcaravaneras". Además, la nueva infraestructura subterránea "crearía la gran plataforma comercial de la zona de Mesa y López, Guanarteme y playa de Las Canteras (...), un balón de oxígeno de reactivación de los más de 6.000 comercios tradicionales".
Dentro de la primera alegación también se incluye el posterior soterramiento de la GC-1 en otros cuatro tramos, de Belén María a La Laja, con la transformación de la actual vía en avenida urbana y la construcción de un nuevo frente marítimo. En total, los cinco tramos proyectados precisan de una inversión, mediante emisión de deuda pública o participación de la iniciativa privada, de 855 millones.
En definitiva, "con la aceptación de estas alegaciones, tenemos una oportunidad única de empezar a planificar la transformación de Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad increíble, inteligente, internacional y atractiva, generadora de empleo y, sobre todo, solidaria con el resto de nuestra isla, y su rechazo nos dejará durante los años venideros a un punto sin retorno de caos, deterioro ambiental, de movilidad insostenible, de poco atractivo de inversiones (...)", concluye el documento rubricado por José Suárez Megías, Fermín Monzón Suárez y Rubén Santana Rodríguez. Alegado queda.
