El Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el recurso interpuesto por la empresa Lebensraum Waser SL contra el decreto del Gobierno autonómico que contempla la instalación del parque acuático Siam Park en El Veril, promovido por la compañía Loro Parque en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
En un auto del 29 de enero y notificado el 8 de febrero, la Sección Segunda de Las Palmas de Gran Canaria de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC concluyó que "ninguna circunstancia o causa se ha señalado para entender que el mencionado Plan [de modernización, mejora e incremento de la competitividad en el ámbito de El Veril] pueda entenderse incurso en nulidad". Por ello, el texto firmado por el presidente de la sala, César José García Otero, y los magistrados Cristina Páez Martínez-Virel y Francisco Javier Varona Gómez-Acedo rechazó la suspensión cautelar del decreto 373/2015, aprobado el pasado diciembre por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a instancias de Lebensraum, demandante a la que impone el pago de las costas judiciales.
En el segundo punto de los razonamientos jurídicos, el auto argumentó que "ni describe ni identifica" la compañía recurrente "un grave y potencial periculum in mora", peligro o riesgo por el paso del tiempo como requisito motivador de la adopción de medidas cautelares. "Lo propio debe decirse del pretendido fumus bonis iuris", apariencia de buen Derecho también causa para idéntica prevención.
Excepción por interés general
Más aún, el documento judicial consideró "de plena aplicación la excepción que contiene el apartado 2 del artículo 130 LCJA [Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa], de perturbación grave a los intereses generales o de tercero", para rechazar la suspensión cautelar del plan en El Veril.
En este contexto, el auto razonó que "toda la actuación administrativa y particularmente los planes de ordenación urbana y territorial, que como es sabido participan de la naturaleza de disposiciones de carácter general, actúan y son vehículos del interés general". Y continuó: "Tal presunción no se destruye por el hecho de que a través de los mismos se habiliten actuaciones de terceros", en referencia a Loro Parque.
"Por el contrario, tal y como pone de relieve el abogado de la administración, el plan impugnado tiene por objeto -concluyó la sala en sus razonamientos- viabilizar la renovación y modernización de la zona a través de la instalación de un equipamiento estructurante que es la finalidad perseguida por la Ley 2/2013 [de renovación y modernización turística de Canarias]. y que ha sido expresamente declarada de interés estratégico por el Gobierno de Canarias".
Aunque el auto de García Otero, Páez Martínez-Virel y Varona Gómez-Acedo falla desde el TSJC a favor del plan de modernización en El Veril, el proyecto impulsado por el empresario alemán Wolfgang Kiessling en el sur de Gran Canaria todavía se enfrenta a otro proceso judicial. A principios del pasado enero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria estimó un recurso también interpuesto por Lebensraum al suspender cautelarmente la concesión administrativa de 121.000 metros cuadrados de dominio público hidráulico en el barranco de El Veril y el permiso para su canalización otorgadas por el Consejo Insular de Aguas, órgano dependiente del Cabildo, a Loro Parque durante febrero de 2015.
Vinculada al grupo Aspro, aglutinadora de las empresas propietarias de los centros de ocio Aqualand y Palmitos Park, la sociedad demandante alegó que las obras de desnaturalización de un tramo del cauce, por valor cercano a dos millones de euros, se debieron adjudicar por la entidad insular mediante concurso público en lugar de la concesión directa a la empresa promotora del parque acuático. Tanto Loro Parque como el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de Aguas, ya recurrieron el auto firmado por la magistrada-juez María Olimpia del Rosario Palenzuela.
Aval de 56 millones
El recurso interpuesto por el grupo Kiessling incluyó la solicitud de imponer a Lebensraum Waser un aval bancario por importe de 56 millones de euros para evitar los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión cautelar, que paraliza una inversión de similar cuantía para desarrollar un parque acuático y un hotel de cuatro estrellas El Veril.
Tras la compra de los terrenos a los herederos de Candelaria del Castillo en febrero de 2014, operación valorada en siete millones de euros con el diseño del proyecto, la iniciativa de Loro Parque en San Bartolomé de Tirajana logró su aprobación por unanimidad en una sesión plenaria del Cabildo a finales de mayo de 2014. Posteriormente, el Gobierno de Canarias acordó declarar de interés estratégico el parque acuático en El Veril a principios de mayo de 2015, previa valoración positiva por el Comité de Inversiones.
Finalmente, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo autonómico aprobó en diciembre de 2015 el Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad en el ámbito de El Veril, avalado ahora por la última resolución judicial.
