El conflicto entre Israel y Palestina abrió a finales de enero un nuevo frente, pero no en Jerusalén Este, la franja de Gaza o la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, sino en Gran Canaria. Por entonces, el economista Ángel-Guillermo Mas Murcia, impulsor de la Ley 12/2015 a favor de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España, anunció su intención de recurrir la adhesión del Cabildo de Gran Canaria a la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) contra el Estado de Israel por la ocupación de territorios en Palestina.
"Comunicamos nuestro propósito de interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Cabildo Insular de Gran Canaria (?) adoptado en su sesión del pleno celebrada el pasado 27 de noviembre de 2015 por el que se resolvió sumarse a la campaña de boicot BDS contra el Estado de Israel, poniendo fin a esta resolución", notificó el documento presentado el 22 de enero ante la corporación local por la procuradora Carmen Viera Cabrera en representación de Mas Murcia. Casi un mes después, todavía no se ejecutó la advertencia ante los tribunales por parte del vecino de Madrid, según figura en la propia notificación, y socio de Asociación Española de Directivos (AED) desde 2011, según consta en la memoria de la entidad profesional.
"Sabemos que detrás está la Embajada de Israel, pero no tenemos ninguna otra referencia", admitió el consejero insular de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez. Poco antes de registrar su aviso ante el Cabildo, Ángel Mas Murcia recibió el 18 de enero una distinción en la quinta edición de los premios de la Asociación Sociocultural Mem Guím de Melilla por, según la propia web de la entidad fundada en 2007, "su destacado compromiso con la cultura judía-sefardí y el pueblo hebreo en general, por su defensa a ultranza de sus tradiciones y forma de vida", además de "por su trabajo en pro de la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los sefardíes expulsados en 1492".
A la espera de la próxima presentación del recurso, Carmelo Ramírez anticipó la personación del Cabildo en el proceso judicial y, sobre todo, descartó cualquier modificación del acuerdo plenario, aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos y la abstención del Partido Popular. "Es un posicionamiento político, una cuestión de principios, y los principios no se pueden anular, se tienen y se defienden", subrayó el dirigente de Nueva Canarias.
Sin transcendencia jurídica
Precisamente, un reciente dictamen elaborado por Foro Abogados, asesoría jurídica de Málaga, a instancias de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, con sede en Madrid, concluyó que las mociones en diversos municipios españoles de apoyo a BDS, campaña iniciada en 2005 por la sociedad civil palestina con la inspiración de la lucha internacional contra el apartheid en Sudáfrica, "no supone una vulneración de la ley de contratos del sector público, al ser una mera declaración política que no constituye un acto administrativo de carácter vinculante".
Tras recordar la existencia en el ordenamiento jurídico de "mecanismos de control a través de los secretarios e interventores" y considerar "una práctica habitual la aprobación de mociones con declaraciones políticas de contenido similar", el informe del abogado Juan Antonio Moreno González añadió que "no se ha producido hasta la fecha pronunciamiento que cuestione su legalidad. Y es que dichas mociones no tienen una transcendencia jurídica que vaya más allá de mostrar el posicionamiento político de un pleno municipal sobre un tema concreto".
