El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, solicitará ayuda al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias para resolver definitivamente el contrato del centro comercial y centro de ocio de la villa satauteña que tantos quebraderos de cabeza ha dado a las sucesivas corporaciones locales desde la aprobación del proyecto, a principios de siglo, con Carmelo Vega como alcalde. Actualmente hay sentencias judiciales que obligan al cnsistorio a pagar indemnizaciones millonarias a la unión temporal de empresas adjudicataria de las obras, comandada por FCC.
En el último pleno, Cambio por Sataute, partido de la oposición liderado por Guadalupe del Río, presentó una moción para la resolución del contrato con la UTE. Finalmente, una enmienda a esta moción presentada por el grupo de gobierno fue aceptada por todos los grupos políticos de la corporación, excepto por CxS, que promovió la iniciativa, al pretender que se aprobara la propuesta inicial.
La enmienda aprobó que se ejercite la acción o la facultad de resolución del contrato de concesión administrativa de obra pública en orden a la construcción de un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano, como había propuesto CxS, pero "eligiendo una vía legal que no perjudique los intereses municipales y que tenga el sustento jurídico suficiente. En este sentido, este Pleno solicita la cooperación interadministrativa tanto al Cabildo de Gran Canaria como a la propia comunidad autónoma que coadyuve a la instrucción del expediente administrativo que permita al Consejo Consultivo emitir el dictamen pertinente para la resolución del contrato".
La moción, según el grupo de gobierno, "solo pretendía fortalecer política y jurídicamente" la presentada por CxS "en defensa de los intereses del municipio ante una empresa con muchos recursos". El alcalde le apenó no contar con unanimidad y que paradójicamente el único grupo que se quedó al margen fue el que planteó la moción.
