El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha llegado a un acuerdo con la empresa Puerto Beach S. L, adjudicataria de la explotación del Parque Europeo de Playa del Inglés, para compensar las pérdidas que ha sufrido la entidad durante los ocho años que llevan cerrados los locales de esta plaza. Las obras de peatonalización, a día de hoy inacabadas, que ejecuta el Gobierno de Canarias desde 2008, ha convertido este espacio en cobijo de indigentes en pleno corazón turístico. A cambio de que la empresa renuncie a los 5,2 millones de euros en concepto de indemnización, el consistorio ha prorrogado a 13 años el contrato de la concesión administrativa.
El esfuerzo que han realizado algunos hoteleros aledaños al centro comercial Águila Roja de Playa del Inglés por mejorar la competitividad de sus instalaciones en los últimos años vale de poco, si justo enfrente de sus edificios se acumulan montañas de basura, que atentan contra la salud de sus huéspedes y la imagen del destino turístico. Desde hace ocho años, la plaza desde la que arranca el mini tren de Playa del Inglés ofrece una estampa más propia de un país tercermundista que de un líder en el sector servicios. Escombros, jeringuillas y restos de muebles calcinados descansan junto a personas sin techo en el interior de los locales abandonados del Parque Europeo ante la pasividad institucional.
La génesis del conflicto se remota a 2008, cuando la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias apostó en coordinación con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por invertir 1,8 millones de euros en un proyecto de remodelación de la plaza que nunca se llegó a culminar por problemas con la UTE a la que se le adjudicaron las obras. La empresa Puerto Beach, que desde 1994 ostenta los permisos para la explotación de los locales comerciales y las terrazas de la plaza, sufre desde entonces las consecuencias de una iniciativa que ha quedado en manos de la Justicia. Durante estos años la situación ha adquirido unas dimensiones deplorables. Los bares del recinto no han tenido otra alternativa que echar el cerrojo, lo que ha provocado pérdidas al contratista de la concesión administrativa valoradas en 5,2 millones de euros. En 2013 la entidad que gestiona José Artiles Sánchez presentó un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento en el que no solo reclamaba indemnización por los daños derivados de este litigio sino también "celeridad por adoptar aquellas actuaciones que permitan recuperar el parque en las mismas condiciones" con las que se inició el contrato de explotación. Sin embargo, ya que el consistorio no cuenta "entre sus previsiones presupuestarias ejecutar la reparación de la plaza pública", la administración local ha optado por compensar a Puerto Beach con la prorrogación del contrato que le otorga la gestión del parque por un período de 13 años y seis meses. A los tres años que le quedaban al adjudicatario para culminar la caducidad de su contrato por un plazo inicial de 25 años, se suman ahora los ocho en los que no ha podido disfrutar de beneficio alguno más dos años y medio "en concepto de resarcimiento de los gastos", ocasionados por el conflicto así como "el abono de las obras de rehabilitación del parque". De esta manera, el consistorio no solo salda la deuda sino además se garantiza la puesta a punto de un espacio público a cargo del propio interesado. La iniciativa supone, además, el derribo de las obras que el concesionario acometió sin ajustarse a las dimensiones recogidas en el pliego de condiciones del contrato. Mientras el acuerdo inicial indica que la superficie total que puede abarcar el espacio construido consta de casi 2.000 metros cuadrados, la empresa procedió a aumentar el tamaño de varias de sus instalaciones en el parque sin permiso alguno.
