La Fundación Bravo Murillo está ultimando la financiación de la Universidad Internacional de Canarias, ya aprobada por el Parlamento regional, para poder empezar a construir las nuevas instalaciones en Tafira alta. En mayo de 2010 el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, firmó un acuerdo con la Fundación Bravo Murillo por el que la institución insular acordó la cesión del antiguo edificio de la orden de las Oblatas a dicho organismo.
Las instalaciones cedidas tenían que ser rehabilitadas por la Fundación porque se encontraban muy deterioradas tras años de abandono. El edificio es el conocido como Centro Las Dunas, ubicado en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, donde instalará su sede para continuar llevando a cabo su tarea de formación.
El actual consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo, explica que se trata de "una parcela completa de 10.912 metros cuadrados con dos edificios principales con cierto nivel de protección: un edificio principal, que incluye 2.115 metros cuadrados, que es el edificio señorial, según se denomina en el proyecto que ellos presentan, y un segundo edificio, que viene a ser el de residencia, que tendría 1.922 metros cuadrados". "Eso fue lo que el Cabildo donó", precisa.
Justo reconoce que los dos edificios "están hechos una verdadera porquería, con un nivel de deterioro brutal. El 12 de febrero de 2010 el consejo de gobierno del Cabildo cede de manera gratuita a la Fundación Bravo Murillo el terrero de Tafira con sus edificios. El convenio firmado tenía algunas cláusulas: en principio era gratuito, por 50 años, prorrogables; toda la parte de construcción y personal era responsabilidad de la universidad y no tendría responsabilidades el Cabildo".
En ese acuerdo firmado por las dos partes también había una cuestión importante: la Fundación tenía que constituir un seguro en favor de Cabildo y terceros para cubrir los posibles riesgos que hubiera, incluyendo incendios, desastres naturales y responsabilidad civil.
El 5 de mayo de 2010 se firmó un contrato entre el presidente del Cabildo en aquel momento José Miguel Pérez, y el presidente de la Fundación Bravo Murillo, Ángel Ferreras. En la cláusula 4 se dice que la Fundación tenía 24 meses para presentar un proyecto y la licencia de obras en el Ayuntamiento. Luego tenía que asumir el compromiso de que disponía de cinco años para iniciar la actividad a partir de que el Ayuntamiento otorgue la licencia.
In extremis, cuando vencía el plazo de dos años (en mayo de 2012), la Fundación presentó un proyecto de modificación de todo el terreno, las verjas exteriores y los edificios. Este proyecto de reformado lo hizo el equipo del despacho de Boissier Arquitectos. "Lo presentó al Cabildo, lo vieron los servicios técnicos y por una resolución que se toma el 4 de mayo se acepta dicho proyecto, que se puede ejecutar cuando la Fundación vaya al Ayuntamiento a pedir la licencia de obras". Se cumplió el trámite para no caer en el incumplimiento de las cláusulas.
"La situación ahora es que la Fundación, por lo que nos dicen ellos, sigue teniendo interés en hacer allí la universidad. Han estado hasta el año 2015 para conseguir la autorización por parte de la Comunidad Autónoma para levantar dicha universidad. El año pasado por fin consiguieron la autorización para hacer el centro universitario, y ahora están buscando la financiación para intentar acometer la obra".
Jacinto Artiles, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Bravo Murillo, explica que la Fundación tenía un proyecto de hacer una universidad y tener allí la sede definitiva. Sería la Universidad Internacional de Canarias de la Fundación Bravo Murillo, que fue aprobada por el Parlamento canario el año pasado. "Había un plazo de cinco año para hacer la universidad, pero contados a partir de la obtención de la licencia de obras, no de la firma del acuerdo de cesión", añade.
"Todavía no tenemos la licencia de construcción. En este tiempo hemos realizado el proyecto y todavía no tenemos la licencia. Estamos ahora estudiando la financiación de la obra por parte del patronato de la Fundación. Yo calculo que en un par de meses sabremos la forma de abordar para hacer eso una realidad. La Fundación no ha renunciado al proyecto, pero al haber un nuevo presidente del Cabildo el patronato pedirá una entrevista para poder informarle de la situación y ver las fórmulas de financiación posible para levantar el edificio, que está absolutamente caído. Está en ruinas, abandonado y deteriorado. Lo recibimos en ese estado y de hecho levantamos en su día un acta notarial con fotografías del edificio", apunta Artiles.
Alguna corporación insular anterior, de hace bastante años, quiso hacer de la residencia Dunas un reformatorio. "Sacaron a los chicos de allí pero no pusieron una seguridad. Aquellos chicos, como conocían el edificio, se metieron allí durante unos cuantos meses y medio lo derribaron. Se quedó muy deteriorado. Al final se buscaron alternativas y se optó por esta de la universidad", dice.
El consejero Pedro Justo marca el calendario: "Nosotros vamos a tener en los próximos meses una reunión con ellos para que especifiquen un poco más cómo van las gestiones en pos de lograr el objetivo de hacer el centro universitario. Somos conscientes de las dificultades para conseguir financiación para un proyecto de ese tipo. Es complicado porque la crisis les cogió de lleno".
"No tenemos ninguna alternativa con respecto al terreno, nadie nos ha solicitado ni ofertado nada. El Cabildo sigue interesado en el proyecto que la Fundación ha planteado. Ahora estamos es una situación de espera tranquila pero vigilante. No queremos apurar porque están dentro de los plazos. Ellos nos dicen que siguen con el proyecto y nosotros seguimos apoyándolo. Lo que haremos es ver cómo se va avanzando en la consecución del mismo", puntualiza el consejero.
