El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha escenificado este viernes, de nuevo, un retraso casi unánime de los grupos políticos de la corporación al reparto de los fondos del ITE que plantea el presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC), y que consideran injusto, sectario y falto de rigor.

Pronunciamientos en favor de "defender lo que en justicia le corresponde a Gran Canaria", hecho por el socialista Ángel Víctor Torres, o de "apoyo total a un cambio en los criterios de reparto" de los fondos del ITE (el extinto impuesto general de tráfico de empresas), expresado en nombre del PP por Lucas Bravo de Laguna, se han repetido en la reunión plenaria.

Esta cuestión salió a debate en la sesión a raíz de una moción relativa al destino de esos fondos presentada por Fernando Bañolas, el único consejero de CC, que solo fue respaldada por el propio proponente y en contra de la cual votaron todos los demás miembros del pleno, en nombre de Nueva Canarias, PSOE, Podemos y Unidos por Gran Canaria (UxGC).

La iniciativa de Bañolas, que aludía al destino del dinero procedente del ITE sin citar expresamente el desaparecido impuesto, fue, de hecho, calificada de "trampa" por el portavoz de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna; de "intento de lavado de cara de CC en Gran Canaria", por el portavoz del PP en ese debate; y de improcedente, por Ángel Víctor Torres.

El portavoz de Podemos en el Cabildo, Miguel Montero, denunció a su vez que la moción "escondía un intento de validar otra vez la historia del IGTE", a cuenta del cual sostuvo que el presidente del Gobierno de Canarias "ha decidido ir comprando voluntades con obras de distinto tamaño y coste" prometidas a políticos, patronales o colectivos profesionales desde intereses partidistas.

Todos ellos, unos desde el grupo de gobierno y otros desde la oposición, coincidieron en subrayar lo que Lucas Bravo de Laguna resumió como "el consenso mayoritario que hay en Gran Canaria sobre este tema", y que se basa en la demanda de que esos fondos no se distribuyan en función de la triple paridad en que se basó el sistema electoral regional, como propuso inicialmente Clavijo.

Frente a ese modelo, combinación de los factores población, territorio y solidaridad, la casi totalidad de los integrantes del Cabildo han respaldado la idea de que el reparto se ajuste a los criterios de distribución de los fondos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Criterios que el consejero de Nueva Canarias Carmelo Ramírez ha insistido en defender en contra del planteamiento del presidente autonómico, que ha tachado de "ejemplo de improvisación y arbitrariedad", y al que han expresado su oposición los plenos de 20 de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria, según ha recalcado.

Por todo lo expuesto, todos los intervinientes menos Bañolas han insistido en su rechazo a la actuación que ha tenido Fernando Clavijo respecto a este asunto y en reclamar al Gobierno canario un cambio de postura en cuanto al futuro reparto del dinero del ITE: 160 millones de euros que el Estado dejará de cobrar al archipiélago cada año a cuenta de la recaudación del desaparecido impuesto.