El Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer la presentación de enmiendas a 16 artículos del anteproyecto de ley del suelo elaborado por el Gobierno de Canarias al considerar, entre otros asunto, que popone un "drástico recorte" en las competencias de ordenación territorial de las corporaciones insulares. El borrador autonómico se basa en "una filosofíaque cuestiona lo público, el interés general parece secundario, y también los valores objetivos del desarrollo sostenible", subrayó el presidente grancanario, Antonio Morales.
"No es una enmienda a la totalidad, en absoluto, [el anteproyecto] son 400 artículos y no alegamos todo, es una enmienda a una parte de la filosofía, del concepto, y aspectos técnicos concretos", añadió Morales Méndez tras la aprobación de las alegaciones por unanimidad en el Consejo de Gobierno, sustentado por Nueva Canarias, Partido Socialista y Podemos. Por si acaso, el presidente grancanario aclaró: "Nos parece positivo que el Gobierno de Canarias se plantee e intente consensuar una ley del suelo, no estamos en contra".
Flanqueado por el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito; y la titular de Política Territorial, Inés Miranda, el mandatario insular definió las alegaciones como "una aportación para un debate sereno en el que se escuche a toda la sociedad e instituciones" con el objetivo de lograr "un documento consensuado para proyectar el futuro de Canarias". Tras anteriores discrepancias entre los gobiernos autónomo e insular, como en el reparto de la devolución estatal de los fondos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE),Antonio Morales insistió en que "no se trata de propiciar enfrentamientos, no es una oposición frontal, sino una oposición de diálogo" para conseguir la aprobación y aceptación "de manera pacífica por el conjunto de la ciudadania einstituciones" del Archipiélago, como ocurrió la pasada década con las Directrices Generales de Ordenación del Territorio y del Turismo.
Más aún, "expresar opiniones no significa, en un estado de derecho, enfrentamiento, estamos en un proceso democrático de participación mostrando nuestra opinión", abundó Morales Méndez. A su juicio, "estamos empezando un debate, queda tiempo para que lleguemos a un acuerdo, queda mucha senda por transitar".
"Ninguna contradicción"
Tampoco observó "ninguna contradicción" el socialista Ángel Víctor Torres en el seno de su partido, apoyo parlamentario del borrador como socio de Coalición Canaria en el Ejecutivo autonómico. "El PSOE ha aprobado una resolución en el Parlamento de Canarias en la que valora que se abra a la sociedad este anteproyecto de ley, y que aparezcan las alegaciones de las instituciones, de los colectivos y de las asociaciones; y eso es lo que estamos haciendo en el Cabildo, con los informes técnicos pertinentes, defendiendo la legitimidad insular", argumentó el vicepresidente insular primero.
Tras la aprobación en Consejo de Gobierno, el Cabildo grancanario presentó un decálogo como resumen de un tema tan "árido" como las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley de suelo. El primer punto califica de "insuficiente e inadecuado" el diagnóstico realizado en el preámbulo del borrador al anteponer el interés particular sobre el general, lo privado sobre lo público.
En segundo lugar, el anteproyecto considera que "en momentos de expansión económica se debe primar los valores del desarrollo sostenible y en épocas de crisis, como la que vivimos, deben primar los valores del crecimiento", según explicó Antonio Morales. "Por tanto, hay una contradicción porque los valores deben ser objeto de protección universal por su vinculación al interés general".
La simplificación normativa, tercer asunto del decálogo, "peca de eliminar los controles necesarios sobre la potestad de control del territorio", continuó el presidente grancanario. "El desarrollo sostenible, como valor universal, debe presidir el objetivo de esta ley, pero solo mantiene los principios generales y filosóficos de la propuesta sin traducción real y práctica en la regulación del suelo", lamentó Morales Méndez sobre la derogación de las Directrices, cuestión incluida en el cuarto punto del decálogo.
La distribución competencial, quinto asunto, supone "un verdadero problema" al trasladar las potestades a los ayuntamientos, sin medios necesarios para su ejecución. La desaparición de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), dependiente del Gobierno autónomo, no simplifica los trámites, sino que "elimina un órgano parece importante, porque homogeneiza las decisiones, y quiebra la independencia del órgano que fiscaliza", alertó el presidente insular sobre el sexto punto.
El drástico recorte de la intervención de los cabildos, que queda limitada y mermada, así como su capacidad de ordenación del territorio, centra el séptimo punto del bloque de alegaciones. El traspaso del control de la legalidad a órganos judiciales, octavo asunto, "puede propiciar retrasos a la hora de la aplicación del planeamiento, todos conocemos del funcionamiento de la justicia en este país, de su lentitud.
También expresó "enormes dudas" Antonio Morales sobre la liberaliuzación del suelo rústico, noveno punto. Y para finalizar el decálogo, como resumen de las alegaciones, el presidente grancanario alertó que "muchos ayuntamientos renunciaran a redactar su planeamiento" como consecuencia del anteproyecto de ley del suelo.
