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Infraestructuras

Gáldar subasta 84 viviendas sociales en Sardina por sus deudas con FCC

El Ayuntamiento pone en venta por nueve millones los terrenos municipales para pagar al constructor, a las 16 familias que compraron casas y al resto de acreedores

El Ayuntamiento de Gáldar subasta por 8.946.648,47 euros los tres solares que suman 2.522,90 metros cuadrados en los que se levantan 84 viviendas sociales en el barrio de Sardina, para poder pagar la deuda contraída por la sociedad municipal Galobra con FCC Construcción en la ejecución de esta promoción, así como devolver el dinero a las 18 familias que adelantaron parte de su compra y al resto de empresas que están pendientes de cobrar por sus servicios.

Las polémicas viviendas de Sardina, que empezaron a edificarse hace ocho años para dar respuesta a la elevada demanda de casas de promoción pública en Gáldar, están en venta. Pero no para posibles compradores individuales, sino para empresas con la suficiente disponibilidad financiera como para poner sobre la mesa un mínimo de 9 millones de euros, si aspira a quedarse con el lote completo, o bien cantidades próximas a los tres millones por cada uno de las tres manzanas de inmuebles, cada una de los cuales cuenta con 28 viviendas y garajes.

El Ayuntamiento no ha podido hacer frente a la deuda contraída por su empresa pública, por lo que ha recurrido a un acuerdo extrajudicial para saldar las cuentas pendientes.

Las viviendas están completamente acabadas y listas para vivir desde que aparezcan compradores, aunque no fueron nunca ocupadas por falta de demanda, la llegada de la crisis inmobiliaria y los conflictos judiciales en los que se vieron envueltas. Incluso, cuenta con un piso piloto para mostrar los acabados.

La subasta tramitada por una notaría refleja como acreedor a la entidad FCC Construcción, que realizó la obra, y como deudor a Galobra, que tiene la titularidad de las fincas por una cesión del Ayuntamiento de Gáldar.

Los tres solares son urbanos y están situados en la Avenida Alcalde Antonio Rosas, en la zona de Montaña Pelada. Y cada uno de los tres lotes se pone a la venta de forma individual. El primero mide 821,37 metros cuadrados, y el precio de salida es de 2.952.394 euros, que es la cuantía de la hipoteca.

La segunda finca mide 805,25 metros cuadrados, y se subasta por 2.952.394 euros. Y, por último, un terreno de 896,28 metros cuadrados, y la cuantía por la que se debe comenzar a pujar alcanza los 3.041.860,47 euros.

La obra se puso en marcha en 2008 con un presupuesto de 6.765.016 euros, fue adjudicada a FCC Construcción y tenía un plazo de terminación de 23 meses. Es decir, debió inaugurarse en 2010, pero se acabó en 2013.

El alcalde, Teodoro Sosa, espera pagar con estos ingresos todas las deudas contraídas, tanto con el constructor como con la dirección del proyecto y al resto de proveedores, a la vez que se devolverá el dinero a las 16 familias que pagaron las primeras letras.

La promoción sufrió los rigores de la crisis económica, que dejó a mucho interesados sin trabajo y sin acceso a una hipoteca. De las 84 viviendas solo se habían vendido unas 16.

Teodoro Sosa añade que antes de llegar a promoverse esta subasta se le ofreció su compra a la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, para mantener su objetivo social, aunque no se llegó a un acuerdo. En cualquier caso, avanza que existe algún promotor que se ha interesado por su adquisición, aunque no se atrevió a manifestar qué respuesta tendrá.

La puja se realizará de forma electrónica, y el Ayuntamiento confía en vender los tres lotes por una cuantía superior a la que sale a la venta, esto es, casi nueve millones de euros. Esto supone más de un tercio del propio presupuesto global de Gáldar para este año, que asciende a 23 millones.

El alcalde achaca también el problema de la venta de estas casas en Sardina a que en su momento muchos posibles compradores se echaron para atrás con la denuncia judicial presentada por Coalición Canaria contra el alcalde y los 11 concejales del entonces grupo de gobierno municipal (BNR y PSOE), por modificar su calificación y permitir su venta a precios de mercado, como una alternativa al parón de la comercialización en régimen público. El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Guía cerró en mayo del año pasado el caso, tras archivar la Fiscalía Provincial de Las Palmas las diligencias.

El regidor habla de que, incluso, quienes habían desembolsado parte de la compra dejaron de hacerlo ante la inseguridad que generaba este litigio. En su momento, el alcalde también apuntó que se habían perdido subvenciones, además del coste añadido que iba a suponer el tener que pagar a la constructora los meses de demora y los costes de la seguridad privada para evitar los robos.

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