El pacto en Teror está al borde de la ruptura. La paralización en una Junta de Gobierno de un proyecto de reformado de una vivienda unifamiliar en El Palmar que contaba con el informe favorable de los técnicos municipales y del Cabildo, pero que arrastraba un largo historial de denuncias desde que se le concedió la licencia de obras, y que desembocó en el envío por parte de la alcaldesa, Isabel Guerra (NC) del expediente a la Fiscalía sin previa información a sus socios, ha generado un clima de máxima tensión que nadie esconde en el cuatripartito (Nueva Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular y Alternativa por Teror). Guerra cuestiona que la dirección insular del PP haya contactado con el PSOE (en la oposición) para un posible pacto, y advierte "movimientos extraños", pero confía en reconducir la situación esta semana. En cambio, el edil de Urbanismo, Juan Gregorio Trujillo (PP) afirma que su partido sigue esperando una explicación de la regidora por cuestionar el trabajo de los funcionarios y por no consultarles la decisión. Fuentes del PP añaden que "a lo mejor es ella quien quiere propiciar una ruptura", y remarcan que nunca han sido desleales.
Todas las partes coinciden en que es la situación más crítica a la que se han enfrentado en este primer año de mandato en Teror, sin ocultar que hasta ahora han superado los roces propios de cualquier 'matrimonio político' en el que están presentes cuatro partidos dispares y 10 concejales.
Más obra de la permitida
El origen de este profunda crisis surge con el expediente de una licencia de reformado que se llevó a la Junta de gobierno para su aprobación el 6 de abril. Esta obra aprobada en 2011 había sido paralizada en tres ocasiones por haberse edificado más de la cuenta, según el concejal de Participación Ciudadana, José Juan Navarro (Coalición Canaria), que denunció desde su etapa en la oposición esas irregularidades que llegaron a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Y es aquí donde surgen las discrepancias. Navarro decidió ausentase en este punto, pero poco antes había puesto en sobreaviso a la alcaldesa de que se trataba de un expediente con más aristas de las que parecían a simple vista.
Isabel Guerra recriminó a sus funcionarios que no le hubiera detallado los antecedentes de esta licencia, poniéndola, según ella, en una situación de indefensión. Entre otras razones, porque tiene pendiente de resolución la infracción de la citada Agencia, del Gobierno de Canarias. "Parecía que era un expediente más, y no lo era; y solo me enteré por mi compañero una hora antes", manifestó ayer. Por este motivo, la semana pasada decidió llevar a la Fiscalía toda la documentación en la que implica a dos altos funcionarios del área técnica y de Secretaría, aunque el asunto se quedó sobre la mesa en esa Junta. Esta decisión, que desconocía el PP, ha sublevado a su socio y ha abierto un pozo de desconfianza entra los dos partidos.
La decisión deja también en entredicho al concejal de Urbanismo, ya que se trataba de un expediente de su Departamento. Juan Gregorio Trujillo alega que la licencia de reformado contaba con informes favorables del Cabildo, que la propia alcaldesa pidió en septiembre, además del técnico municipal y de la Secretaría, del Consejo Insular de Aguas y de Obras Públicas. Y que, de no darle el visto bueno, podría incurrir en una prevaricación administrativa. En cualquier caso, tras quedarse sobre la mesa ha vuelto a pedir al Cabildo y al Gobierno que ratifiquen sus informes.
El edil insiste en que la alcaldesa tenía conocimiento del expediente mucho antes de la Junta, ya que fue ella quien en septiembre pidió al arquitecto del Cabildo un informe técnico para la aprobación del reformado. Y que en la Junta el técnico detalló todo el expediente.
Isabel Guerra puntualiza que falta una resolución de la Agencia y que hay quien apunta que sigue teniendo un sótano de más. Y además, pone sobre la mesa que en el citado proyecto existe una persona de la oficina técnica vinculado al proyecto.
Trujillo recalca que su formación política sigue esperando una explicación de la alcaldesa, porque entiende que no existe ninguna irregularidad en el expediente.
Isabel Guerra recrimina, en cambio, que entre sus socios hay "movimientos extraños e independientes", entre los que incluye la ausencia de los ediles de las oficinas municipales estos días. Y apunta que han existido negociaciones del PP con el PSOE, en las que ha tomando parte la dirección insular del Partido Popular. Hay que tener en cuenta que la suma de doce concejales entre ambas fuerzas garantiza la mayoría para gobernar.
Fuentes del PP insular niegan que se hayan sentado a negociar un pacto con el PSOE, porque no es su intención romper el actual pacto, aunque admiten algún diálogo de pasillo. Como también, añaden, ha tenido Nueva Canarias. En este sentido, señalan que nunca ha existido deslealtad por su parte, y que a lo mejor es la regidora quien trata de tensar la cuerda.
La alcaldesa espera, en cualquier caso, reconducir esta misma semana la situación entre sus socios, y cumplir con su compromiso para este mandato.
Juan Navarro (CC) defiende la postura de Isabel Guerra, al entender que debió de ser informada de los antecedentes de la licencia que desembocó en esta crisis.
