La falta de una estación de depuración de aguas residuales (EDAR) en Playa de Mogán capaz de asumir el tratamiento de vertidos no solo de la población del valle sino también de las 9.000 camas turísticas, autorizadas en el plan parcial de 1998, ha provocado un cruce de reproches entre las administraciones y los promotores de la urbanización. Mientras el Consejo Insular de Aguas advierte a los inversores que por normativa deben incluir en sus instalaciones un sistema destinado a la limpieza de sus aguas, la junta de compensación de Playa de Mogán aclara que ha "cumplido con sus deberes urbanísticos" desde 2001, cuando recibió un "no" por respuesta del Cabildo a su proyecto de construcción de la depuradora. Los empresarios lamentan que sean las mismas administraciones las que bloquean una inversión superior a 100 millones de euros en el municipio.
La paralización de la licencia municipal de obra al grupo Rumancan, que proyecta invertir más de 36 millones de euros en Playa de Mogán, ante la falta de garantías que presenta la depuradora de dicha urbanización ha desatado un debate hasta ahora contenido en el municipio turístico.
El pasado viernes el Consejo Insular de Aguas detalló en un informe que los problemas de depuración de aguas fecales que arrastra el municipio no deben ser "óbice" para que el Ayuntamiento congele los permisos. Según el ente público "no constituyen razón alguna", ya que el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico de Canarias determina que "los establecimientos turísticos en ejecución en la actualidad o previstos en el futuro deben contar con sus propias instalaciones de depuración de aguas".
Esta advertencia, sin embargo, le ha sentado como jarro de agua fría a los promotores de la urbanización turística, quienes propusieron en 2001 al Consejo Insular de Aguas asumir los costes de la construcción de la depuradora y la desaladora de playa de Mogán.
Según el gerente de la junta de compensación del plan parcial de Playa de Mogán, Fernando Marrero, el Cabildo no solo rechazó su proyecto, que finalmente fue ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente, sino que además impulsó la construcción de una planta con capacidad insuficiente para asumir las aguas fecales de las 9.000 camas turísticas que ya contemplaba el plan parcial de 1998.
"Ojalá nos hubiesen permitido construir la depuradora a nosotros. De esta manera no solo nos hubiésemos garantizado la gestión de los servicios básicos para los inversores, sino además hubiese sido un gran negocio", desveló Marrero, quien recordó que los gastos de mantenimiento de la urbanización asciende anualmente a 120.000 euros.
La junta de compensación, tras facilitar los terrenos en los que actualmente se ubica la depuradora, tuvo que asumir también cuando nació la urbanización la construcción de una estación de bombeo, que se disparó a más de 600.000 euros, la reparación de un emisario submarino y el entramado de una red de tuberías de más de tres kilómetros que conecta el puerto con la planta residual. "Así que ahora no nos pueden exigir responsabilidades, ya que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones", sentenció Marrero. "Es más" en un principio la depuradora iba a contemplar "la reutilización de aguas sucias" en el riego de parques y jardines de la urbanización, pero finalmente "no ha sido el caso".
Marrero lamenta que tras la inversión de 10 millones de euros en la urbanización, en concepto de obligaciones urbanísticas, la adaptación del plan parcial a las directrices insulares (PIO y PTEOTI) y la paralización de inversiones que supuso la moratoria turística, ahora el crecimiento de playa de Mogán se paralice por una cuestión "bien sabida" por Ayutamiento y Cabildo desde hace ya más de una década. "En Mogán aún quedan por invertir más de 100 millones. No los dejemos escapar", advirtió Marrero.
