El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, consideró ayer que en las acciones de control de ganado asilvestrado emprendidas por su departamento desde año 2012 "no solo no incurren en ilegalidad, sino que se hacen precisamente para cumplir con las exigencias establecidas en los planes de gestión de los espacios naturales protegidos".

Brito, en respuesta a la denuncia presentada por el Partido Animalista (Pacma) ante la Fiscalía de Medio Ambiente, aseguró estar "absolutamente tranquilo" y la calificó como una medida "sin fundamento lógico ni amparo legal". También sostuvo que la acción de su consejería "está contemplada dentro de los planes rectores de los espacios protegidos de Inagua, Güigüi y Tamadaba y cuenta con el informe jurídico favorable del servicio de disciplina ambiental del Cabildo, así como con la supervisión y evaluación de la Comisión Europea dado que también se enmarca dentro del proyecto LIFE+Guguy".

Desconocimiento

"Los denunciantes muestran un total desconocimiento del funcionamiento de la administración así como de la legislación ambiental, ya que denuncian el incumplimiento de la Ley de Caza. Sin embargo, dicha normativa no es de aplicación en este caso, puesto que no es una actividad de caza sino de gestión de los espacios naturales", puntualizó. Brito consideró "muy grave que un partido político como el Pacma utilice un asunto tan sensible como este para hacer precampaña, como ya hizo en la anterior abatida, y presente una denuncia sin fundamento con el único objetivo de obtener notoriedad pública".

En contestación a las críticas del PP, recordó que fue el gobierno de ese partido el que inició las batidas de cabras asilvestradas con armas de fuego.