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Medio Ambiente El control del ganado guanil

Las cabras revolucionan la Isla

La muerte a tiros de los animales asilvestrados enfrenta a los grancanarios en las instituciones y las redes sociales - Más de 200 ejemplares han sido abatidos con armas de fuego desde el año 2012

Tres cabras sueltas en las laderas de Tifaracás, en el municipio de Artenara. QUIQUE CURBELO

¿Cabras o bosques? Ese es el dilema. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria emprendió en el año 2012 la eliminación del ganado guanil en los espacios naturales protegidos para evitar que los animales acaben con las plantas endémicas y con las reforestaciones financiadas por la Unión Europea. En los últimos cuatro años se han abatido más de 200 cabras con armas de fuego, pero es ahora cuando la polémica se dispara en las redes sociales y alcanza de lleno a las instituciones, a los partidos políticos y a los grupos medioambientalistas de todo pelaje, incluida una denuncia por la vía penal en la Fiscalía del TSJC.

Las primeras matanzas se realizaron de forma secreta en los pinares de Inagua, Ojeda y Pilancones para preservar las especies autóctonas que se salvaron del gran incendio de 2007. El fuego y luego los animales estuvieron a punto de acabar con la jarilla peluda, la crestagallo o la siempreviva, especies en peligro de extinción. Hubo que poner vallas de seguridad alrededor de esas plantas para impedir que se las comieran las cabras y desaparecieran para siempre.

A principios de 2014 se descubrieron esas muertes violentas y la entonces consejera insular de Medio Ambiente, María del Mar Arévalo, del PP, frenó el uso de los rifles y aceptó realizar las primeras apañadas con voluntarios de los grupos del salto del pastor. Las salidas al campo fueron un fracaso, pues apenas se lograron capturar dos o o tres ejemplares en cada apañada.

El actual consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, de Podemos, retomó la utilización de armas de fuego en noviembre de 2015, también de forma sigilosa para eludir las protestas de los grupos animalistas. Sin embargo, la alarma por los disparos y la aparición de varios cadáveres en el camino del Valle de Agaete a Tamadaba dieron origen a la primera denuncia que llegó a los juzgados.

Inseguridad

La presentó Germán Sosa Perdomo, agente de desarrollo agrario y exconcejal del Ayuntamiento de Agaete. En la denuncia ante la Guardia Civil declaró que las batidas realizadas entre los días 7 y 11 noviembre del año pasado se realizaron "sin contemplar los protocolos de seguridad" y sin respetar "la titularidad privada de buena parte del recorrido, que son los Altos de Guayedra, Berbique, Altos del Valle de Agaete y sendero hacia el Parque Natural de Tamadaba, sin la oportuna autorización de los titulares de dichos terrenos".

Sosa manifestó ante la Guardia Civil que "los animales abatidos no han sido retirados del lugar, muchos de ellos en estado de gestación, creando una alarma social en el municipio porque se trata de un sendero turístico, de gran valor histórico, etnográfico y paisajístico, transitado por grupos organizados de turistas y deportistas que visitan nuestra isla, afectando enormemente su sensibilidad por el dantesco espectáculo sanguinario".

El denunciante, que por su profesión asegura conocer a fondo el problema de las cabras, también entiende que "existen otros procedimientos menos impactantes y con resultados más positivos, como una apañada o recolecta con voluntarios lugareños y gentes vinculadas a actividades de pastoreo", incluso con la coordinación del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Santa María de Guía, en un auto emitido el 1 de diciembre de 2015, señala que de la denuncia de Sosa, "en un principio pudiera pensarse en la posible comisión de un hecho delictivo, por lo que procedería la incoación de diligencias previas conforme al artículo 774, en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"No obstante" -argumenta la juez Mónica Herreras en el mismo auto-, "examinadas de nuevo las actuaciones y a la vista de lo practicado procede concluir que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que motivó de la causa, por lo que procede declarar terminada la misma y acordar el sobreseimiento provisional".

La campaña de noviembre, según desveló Brito días después, permitió eliminar 77 cabras en el Parque Natural de Tamadaba, pero también provocó las primeras protestas masivas en las redes sociales y la organización de colectivos contrarios a las matanzas. Los grupos del salto del pastor se ofrecieron al Cabildo para reiniciar las apañadas, pero en mejores condiciones que las realizadas hasta entonces para garantizar el éxito . Los responsables de Medio Ambiente se comprometieron a convocarlos en el mes de enero para organizar las capturas sin armas de fuego, pero esas reuniones nunca llegaron.

Ramón Martín Rivero, en nombre de varias asociaciones, ha presentado un nuevo escrito en el que pide al Cabildo que deje "de cazar o agredir de cualquier forma a las cabras pinoleras" hasta consensuar los pasos a seguir. "Todavía no me han contestado, seguimos a la espera", se queja.

Animalistas

El Partido Animalista (Pacma) también exigió paralizar las matanzas y planteó dispararles dardos anestésicos y trasladar después a las cabras "a otro hábitat donde no supongan un presunto riesgo para los árboles". El Cabildo rechazó esa propuesta por la complejidad que entraña, pues los rifles de dardos anestésicos no tienen un largo alcance. Además, es casi imposible recoger y trasladar al animal si queda adormilado en una zona de difícil acceso.

Con esos antecedentes, Brito programó una nueva eliminación de cabras entre el 2 y el 15 de abril, con un equipo de tiradores contratados en Andalucía. Esa orden desató una guerra en todos los frentes, incluido su propio partido. Los animalistas se movilizaron a través de las redes sociales y algunos de ellos se desplazaron a la cumbre para intentar impedir las matanzas. Las imágenes de cabras fallecidas o moribundas corrieron como la pólvora y obligaron al Cabildo a paralizar los disparos.

En cuestión de horas se creó por wasap el grupo SOS Cabras, se recogieron miles de firmas a través de la plataforma Change.org (ya se han recibido más 20.000 desde todos los puntos del planeta) y se incrementó la presión sobre el Cabildo, incluido algún acto vandálico en sus propiedades.

El debate sobre las cabras tiene infinidad de aristas y ni siquiera existe acuerdo sobre el nombre que deben recibir. El Cabildo las denomina "asilvestradas", lo que jurídicamente facilita su eliminación. Si fueran "salvajes" llevarían otro tipo de control. Los grupos animalistas tampoco coinciden: unos las llaman "ganado guanil", otros "cabras pinolera" y algunos simplemente "cabras libres".

Entre los técnicos del Cabildo y del Gobierno de Canarias existe una práctica unanimidad: hay controlar las cabras, a tiros si es necesario. En la batalla dialéctica con sus detractores, Brito logró que 46 especialistas firmaran un manifiesto en defensa de la riqueza natural, en el que aseguran que "se están comiendo literalmente la biodiversidad vegetal de Canarias y están poniendo en serio riesgo una parte de la estrategia de reforestación".

"Muchas instituciones no han actuado por miedo a las consecuencias sociales y el efecto en la opinión pública, pero es necesario que asuman su responsabilidad y actúen como está haciendo actualmente el Cabildo de Gran Canaria", señala el manifiesto remitido desde la propia Consejería de Medio Ambiente. Para acabar con "este grave problema", los 46 firmantes proponen "el control del ganado para evitar sueltas incontroladas, capturas de ejemplares vivos mediante la técnica conocida como apañada y también, desgraciadamente, abatirlas con armas de fuego cuando todas las demás medidas se muestran insuficientes".

Fuera de los grupos animalistas y del colectivo de veterinarios es complicado encontrar expertos que se opongan a la eliminación de las cabras con disparos de fusil. En medio de ambos bandos se puede encuadrar la opinión de Juan Capote Álvarez , especialista del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y presidente de la International Goat Association (IGA).

"En el caso de Gran Canaria", afirma Capote, "existen ciertas cuestiones que para mí están en el aire, unas por desconocimiento y otras porque se necesitan más estudios. Paso a señalarlas ¿existe una tradición en la isla, por parte de los ganaderos, en el sentido de tener cabras" guaniles" que en algún momento controlan? Personalmente no me consta, y al parecer en Gran Canaria una buena parte del ganado asilvestrado está sin marca, pero en cualquier caso no debe ser muy difícil averiguarlo".

Capote cree que dados los antecedentes en otras islas (apañadas en Fuerteventura y envetamientos en La Palma) se puede presumir que ese comportamiento pastoril se mantenía en todas las islas como mínimo hasta la llegada de los europeos, pero en algunas ha desaparecido como actividad generalizada.

"¿La solución tomada es la única posible? He oído opiniones contradictorias. Por un lado, se argumenta que esa es la única opción efectiva debido al terreno y a la peligrosidad y, por otro, que no se ha dado la oportunidad, hasta ahora, a un grupo de personas interesadas en efectuar una apañada en toda regla", añade Capote, quien sí critica que se contraten tiradores de la Península y no se recurra a los isleños. "Los responsables de la erradicación, cazadores profesionales o aficionados, deben acreditar su competencia de tal modo que los animales no sean objeto de sufrimientos adicionales al de la propia muerte", concluye.

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