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San Bartolomé de Tirajana

La juez deniega la fianza de 56 millones por el retraso del Siam Park en El Veril

Loro Parque exige fuera de plazo al denunciante un aval para cubrir los daños por la paralización del proyecto - La Sala aún debe pronunciarse sobre la suspensión

Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque, durante su participación en Fitur.

La disputa por el barranco de El Veril compromete la inversión de la familia Kiessling en el sur de Gran Canaria. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas ha rechazado una fianza de 56 millones solicitada por el grupo alemán para cubrir los perjuicios derivados de la paralización del proyecto, que contempla la construcción en San Bartolomé de Tirajana de un parque acuático similar al Siam Park de Tenerife y de un hotel de cuatro estrellas.

El auto judicial, que lleva fecha del 31 de marzo, libra a la sociedad Lebensraum Wasers de depositar un aval bancario para seguir adelante con el pleito. Esa empresa ha recurrido el permiso otorgado a Loro Parque por el Consejo Insular de Aguas, cuya concesión administrativa para ocupar el barranco y canalizarlo está suspendida de manera cautelar desde el pasado 23 de diciembre.

Los abogados de Wolfgang Kiessling, para presionar al demandante e intentar que desista, reclamaron la imposición de esa caución millonaria, pero el juzgado la ha desestimado al considerar que "no fue solicitada en el momento procesal oportuno", según la resolución judicial.

La magistrada Olimpia del Rosario Palenzuela añade que la fianza debió pedirse cuando se dio traslado a las partes para formalizar las alegaciones a la suspensión cautelar, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria, institución de la que depende el Consejo Insular de Aguas. La juez explica que esa medida provisional está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y, por tanto, su juzgado "carecería de jurisdicción para pronunciarse sobre la solicitud de fijar garantía", pues durante la sustanciación del recurso se tiene que limitar a la ejecución de la resolución apelada, esto es, a cumplir con la orden dada para paralizar el proyecto hasta que se resuelva el fondo del asunto. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC aún no ha recibido el expediente para decidir si mantiene o levanta la medida cautelar.

El auto con la denegación del aval bancario, además, es susceptible de apelación ante dicha Sala de lo Contencioso. La magistrada, para motivar su resolución, destaca que ni la administración ni la empresa codemandada pidieron la garantía en el momento que debieron hacerlo. Es más. "Tampoco hicieron alusión a los perjuicios económicos que la adopción de la medida cautelar podría acarrear", señala el auto.

Loro Parque SA presentó un certificado para acreditar los gastos realizados y justificar la adopción de la fianza. Esos pagos superan los seis millones y se corresponden con la compra de los terrenos en El Veril , pero la juez se "sorprende" de que se presente dicho documento como justificante porque está fechado el 29 de diciembre de 2015, es decir, seis después de que se dictara la medida cautelar. "Se desconoce cuándo fueron realizados esos pagos", subraya la magistrada. La única razón por la que se puede variar una resolución firmada es debido a un error material o por una aclaración de algún concepto oscuro, extremos que no se dan.

La disputa, por tanto, seguirá en el TSJC. El promotor ha calculado que la anulación de su proyecto causaría un daño superior a los 68 millones, de los que 42,14 corresponderían a la Loro Parque (27,58 por el daño emergente y 14,56 por el lucro cesante anual), y 26,33 millones a las administraciones públicas implicadas (Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana). Por eso, ante la posibilidad de que el proceso dure varios años, piden la fianza, con la finalidad de ejecutarla si finalmente obtienen la razón.

El juzgado debe resolver si la concesión a Loro Parque, sin la celebración de un concurso, ha vulnerado el principio de concurrencia al existir otras empresas interesadas en ese suelo, que es de dominio público hidráulico y su titular podría ser el Estado. Lebensraum Wasers denunció la adjudicación a la Fiscalía, pero Urbanismo y Medio Ambiente ha descartado prevaricación y ha recomendado que el asunto se revise en lo Contencioso. El empresario apela al interés general de un proyecto que ha sido respaldado por el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

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