Las aguas políticas siguen revueltas en Teror. La división política entre los socios principales de gobierno, Nueva Canarias y Partido Popular, pasa factura a la gestión municipal. La alcaldesa (NC), Isabel Guerra, arrebata competencias a tres concejales populares, que a su vez respondió con el cierre de la oficina antidesahucios, que era uno de los compromisos y una de las banderas de la política de la regidora, al entender el PP que se duplica el servicio con la misma oficina en el Cabildo. Esta ha respondido con el anuncio de su reapertura. Mientras, la programación de las fiestas del Pino siguen atascadas, porque Guerra baraja un cambio de fechas en los actos, cuando otros años se sabía desde el mes pasado. Y todos estos líos, sin negociarse entre socios.
La aprobación de una licencia urbanística puso el mes pasado el pacto de Teror (NC-PP-CC y Alternativa por Teror) al borde de la ruptura, después de que la alcaldesa llevara el caso a la Fiscalía y criticara a altos funcionarios por, supuestamente, ocultarle su trascendencia. Los leves intentos por solucionarse sólo han reavivado la discordia. En las últimas tres semanas las disputas son más visibles. La alcaldesa ha decidido acometer una reprogramación en las fiestas del Pino, sin contar con el concejal del Área, Henoc Acosta. Esto ha propiciado que los contratos de actos y preparativos estén paralizados.
De momento, la alcaldesa acaba de dictar una resolución por la que le revoca el Área de las Fiestas de Barrios, que no incluye los actos patronales. Al igual que se hizo con las competencias de los ediles Mónica (Personal) y Sergio Nuez (Contratación) para sacar la plaza de arquitecto y del subinspector de policía y contratar a una empresa para evaluar los puestos de trabajo.
