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San Bartolomé de Tirajana

Lopesan cede suelo en Meloneras para desbloquear sus dos nuevos hoteles

El acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento solventa un informe desfavorable de los técnicos municipales - Una nueva medición pone fin a años de conflicto

Vista aérea de la urbanización turística de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana.

El grupo Lopesan y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han alcanzado un acuerdo sobre la cesión de zonas verdes en la urbanización Meloneras que permite desbloquear la construcción de dos nuevos hoteles en esa zona turística del sur de Gran Canaria, según confirmó ayer el alcalde Marco Aurelio Pérez, quien precisó que la empresa podrá continuar la tramitación de sus proyectos ante el Gobierno de Canarias desde que se firmen las escrituras de la cesión de 120.000 metros cuadrados a favor del Ayuntamiento.

Pérez sostuvo que el acuerdo permitirá resolver el largo conflicto entre la empresa y el Ayuntamiento por los aprovechamientos urbanísticos en la zona de Meloneras, provocados por errores en los cálculos y mediciones que se realizaron hace casi 40 años, así como solventar los dos informes desfavorables a los proyectos de Lopesan, uno del propio Ayuntamiento de San Bartolomé y otro del Gobierno de Canarias.

Aunque no se atrevió a fijar fechas, el alcalde sureño consideró que Lopesan podrá sacar adelante sus nuevos proyectos a través de una suspensión del planeamiento por parte del Gobierno de Canarias, pero no podrá tramitar las licencias mientras no se resuelvan las objeciones de los técnicos del Ayuntamiento. Además de la cesión de las zonas verdes, los funcionarios municipales cuestionan el traslado de edificabilidad de unas parcelas a otras. Incluso entienden que la fórmula excepcional elegida por Lopesan elude plusvalías a la Administración Pública.

Urbanización

Ante las discrepancias entre el Ayuntamiento y empresa sobre el número de metros cuadrados que debe ceder Lopesan como promotor de Meloneras 2A, Pérez explicó que se ha realizado un nuevo estudio cartográfico y se descubrió que se habían inflado las cifras al incluir en la urbanización unas islas artificiales que finalmente fueron prohibidas por la Demarcación de Costas. El error surgió al contabilizar los metros cuadrados de esas islas y no descontarlos después, una discrepancia que se ha mantenido hasta ahora.

Según ha confirmado este periódico, el área de Planeamiento de San Bartolomé ha emitido un informe "desfavorable" a la solicitud del grupo Lopesan de suspender el planeamiento en dos parcelas de la urbanización Meloneras para poder construir un nuevo establecimiento alojativo y ampliar el hotel Villa del Conde.

La resolución de los técnicos municipales, del pasado 30 de marzo, propone rechazar las pretensiones de Lopesan mientras no se resuelvan las discrepancias sobre las zonas públicas que ocupa esa empresa de forma presuntamente irregular.

"Hasta que no se efectúe la nueva escritura aclaratoria y complementarias de todas las cesiones; zonas verdes y espacios libres públicos y red viaria de cesión obligatoria y gratuita en Meloneras 2A; el Ayuntamiento no debería prestar conformidad de ninguna alteración puntual de planeamiento en el ámbito en el ámbito de Meloneras 2A", concluye el informe de los funcionarios municipales.

En un escrito presentado el 4 de febrero de este año, las empresas Lopesan SA y Megahotel Faro SL instaron al Ayuntamiento de San Bartolomé a solicitar al Gobierno de Canarias que aplique el Artículo 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias "al objeto de suspender las determinaciones de planeamiento del PGO de 1996 y su sustitución por las que resulten necesarias para la viabilización de las dos actuaciones hoteleras de cinco estrellas en la Parcela 12 (B4-2) y Parcela 14 (B5-2) de Meloneras 2A".

El grupo Lopesan presentó esa solicitud tras obtener del Gobierno de Canarias la declaración de inversión de interés estratégico para un nuevo hotel de estilo balinés en primera linea de playa, de 250 habitaciones (en la Parcela 12), y para la ampliación del hotel Villa del Conde (en la Parcela 14).

En el expediente de la solicitud de Lopesan se han personado con posterioridad el grupo Hermanos Santana Cazorla, un representante de la empresa Riusa II SA y el promotor Cristóbal Rodríguez Marichal. El pasado 14 de marzo, Santana Cazorla pidió que se deniegue la solicitud a Lopesan al entender que se han cometido irregularidades en la cesión obligatoria de las zonas verdes.

De hecho, la Oficina Técnica Municipal ya informó desfavorablemente el 4 de mayo de 2015 sobre la suspensión del planeamiento en la Parcela 12 y en uno de los puntos de su resolución propuso que se inicien "los correspondientes procedimientos de restauración del orden urbanístico perturbado y sancionador, ante la comisión evidente de gravísimas infracciones e irregularidades en la ejecución del Polígono Meloneras 2A".

En el nuevo informe desfavorable, que según el alcalde Marco Aurelio Pérez podrá solventarse desde que se firmen las escrituras de cesión de suelo, los técnicos también realizan otras consideraciones que les llevan a rechazar la solicitud de Lopesan.

En relación con el traslado de edificabilidad de la parcela denominada VU (Lopesan propone una transferencia de 2.000 metros cuadrados hacia el solar del nuevo hotel boutique de estilo balinés), los técnicos señalan que "las modificaciones y las condiciones de edificabilidad en que quedaría la parcela VU provocarían resultados inherentes en la materialización de los aprovechamientos que sobre dicha parcela se darían". Por tanto, señala el informe, "no se entiende justificado, por los motivos expuestos, la reducción de edificabilidad en la parcela VU que se propone desde la aplicación del Artículo 47".

En otra de las conclusiones de los técnicos municipales, en relación con el aumento de la edificabilidad y el aumento del coeficiente de ocupación del 50% en la parcela B4-2, se dice que las modificaciones que plantea Lopesan "no se entienden adecuadas obtenerlas desde la aplicación del Artículo 47, por cuanto los instrumentos urbanísticos en vigor (...) posibilitan mayor edificabilidad y ocupación como incentivos al incremento de la competitividad del sector turístico, haciendo además partícipe a la Administración Pública de las plusvalías que se generan por la actuación urbanística, participación que se eludiría por la vía que el interesado propone".

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