El fiscal pide 16 años y seis meses de cárcel para el ex alcalde de Santa Brígida Antonio Díaz, dos años para el abogado Adolfo Llamas y nueve meses para el ex concejal de Urbanismo de Santa Brígida y ex vicepresidente del Cabildo y ex consejero insular de Obras Públicas, Carlos Sánchez, que están acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. El juicio se inicia hoy a las diez de la mañana en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El fiscal señala en su escrito de acusación que Adolfo Llamas, aprovechándose de la amistad con Antonio Díaz, ha prestado servicios como asesor jurídico en la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento de Santa Brígida entre los años 2002 y 2007 "sin que exista procedimiento administrativo alguno de selección ni expediente de contratación", por lo que cobró 251.106,78 euros por cinco años. En 2002 el alcalde era Carmelo Vega, mientras que Díaz era teniente de alcalde.
El ministerio público dice que Llamas, "con evidente ánimo de lucro ilícito, habría percibido del Ayuntamiento, por gestión de nóminas y personal, 4.185,11 euros mensuales, muy por encima de los 1.890,00 euros que se había comprometido a cobrar por la prestación de este servicio mediante pacto verbal" entre él y Vega. En ese período Llamas actuó como letrado en defensa de la corporación municipal satauteña, "también sin procedimiento de selección alguno, constando acuerdo entre las partes para el cobro de mil euros por procedimiento, si bien es cierto que entre los años 2002 y 2010 se ha embolsado, igualmente con ánimo de ilícito enriquecimiento, un total de 334.120,14 euros".
El fiscal entiende que los cobros del abogado se hicieron "por la amistad existente" entre Llamas y Díaz. Este último fue concejal de Hacienda y Personal entre 1994 y 2003, de Urbanismo entre 2004 y 2005 y finalmente alcalde entre el 5 de septiembre de 2005 hasta 2007. "Precisamente esta amistad entre ambos dio lugar a que Díaz decidiera no someterse al precio pactado y autorizara el abono a Llamas de cuentas minutas presentara por recursos y pleitos judiciales, aún excediendo en mucho el precio máximo, con evidente perjuicio para las arcas municipales durante su mandato como alcalde", afirma el escrito del fiscal.
El ministerio público también acusa a Manuel Galindo y Carmelo Vega, que son los alcaldes que precedieron a Díaz, pero al haber transcurrido más de diez años estos delitos han prescrito. El fiscal acusa a Antonio Díaz de otorgar un contrato de suministro de material informático a su amigo Antonio Hernández Armas, que era el que le suministraba a la autoescuela Camponuevo, propiedad del ex alcalde.
La acusación pública también señala que Díaz actuó en complicidad con Carlos Sánchez cuando era edil de Hacienda y ordenó verbalmente a Mungest, la empresa que se dedicaba a la recaudación de los tributos en 2002 "para que no se reclamaran los impuestos" ni al ex alcalde ni al ex concejal de Urbanismo, ni tampoco a sus empresas. Posteriormente Carlos Sánchez regularizó su situación tributaria.
