"El cierre no obedece a una decisión arbitraria o caprichosa". El Partido Popular (PP) en Teror alega que existe un informe jurídico emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Teror desde 23 de abril que delimita que entre las competencias legales de un ayuntamiento "no se halla la prestación de servicio para el asesoramiento e intermediación hipotecaria", motivo el cual ha cerrado esta oficina, que fue la primera en abrir en Gran Canaria y uno de los compromisos políticos de la alcaldesa y socia política, Isabel Guerra. El concejal de Vivienda, Juan Gregorio, añade que "que el coste del servicio ascendía a 18.000 euros para los salarios de un abogado, y un "negociador bancario" que carece de titulación académica, "ambos elegidos personalmente por la propia alcaldesa. "Decir que se tramitaban 44 expedientes es faltar a la verdad", ya que muchos iba a simples consultas.
