La incomparecencia del ex alcalde de Santa Brígida Carmelo Vega hizo que el tribunal suspendiera ayer el juicio contra su sucesor en el cargo Antonio Díaz tras la petición de los abogados de la acusación particular, Marcelino López Peraza, y de la acción popular, José Manuel Rivero. El fiscal pide 16 años y seis meses de cárcel para Antonio Díaz, dos años para el abogado Adolfo Llamas y nueve meses para el ex concejal de Urbanismo de Santa Brígida y ex vicepresidente del Cabildo Carlos Sánchez.
Los tres están acusados por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. El juicio se aplazó para los días 25, 26 y 27 de octubre, según anunció el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón.
Carmelo Vega estaba citado como testigo de las acusaciones, pero presentó ante el tribunal un certificado médico que justificaba su inasistencia. Sin embargo, el abogado de la acción popular mostró que el documento "es de hace dos años", por lo que acusó al exalcalde de protagonizar "una conducta obstruccionista".
Por su parte, el letrado de la acción popular, Marcelino López Peraza, presentó ante el tribunal unas pruebas en las que demostraba que Vega "ha sido visto en varias ocasiones en los últimos meses asistiendo a programas de una radio de San Mateo, por lo que no parece que su supuesta enfermedad le impida moverse de su casa". Peraza fue secretario municipal de Santa Brígida y ahora lo es en San Bartolomé de Tirajana. Aspira a ser también secretario general del Cabildo de Gran Canaria.Tras las aportaciones de los abogados de la acusación, Parramón anunció que ordenaría que Carmelo Vega sea reconocido a fondo por un medico forense para comprobar si el testigo ausente ha podido mentir para evitar comparecer en la vista ora que debió comenzar ayer y que ahora se demorará casi medio año.
La abogada Mónica Llamas defiende a Antonio Díaz. Su padre, Adolfo Llamas, se defiende a sí mismo por su condición de letrado y es el único de los tres acusados que no se sienta en el banquillo por el mismo motivo gremial. Por último, el abogado Agustín Santana defiende a Carlos Sánchez.
El ministerio fiscal pide para Antonio Díaz, de forma desglosada, cinco años de prisión por un delito de mallversación de fondos, ocho años de inhabilitación absoluta por el mismo delito, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de los tres delitos de prevaricación, prisión de dos años y seis meses por el delito de exacción ilegal, nueve años de inhabilitación para cargo público por el mismo delito, cuatro años por el delito de falsificación y el mismo tiempo de inhabilitación para sufragio, multa de diez meses a razón de diez euros al dia, inhabilitación de cuatro años para empleo o cargo público e indemnización conjunta con Adolfo Llamas al Ayuntamiento de Santa Brígida.
Las acusaciones particulares de Marcelino López Peraza y Diego Suárez Sanchez, funcionario de la corporación satauteña, pidieron diez años de prisión por un delito continuado de malversación, quince años de inhabilitación absoluta por el mismo delito, cuatro años por delito de falsedad, multa de 18 meses a razón de veinte euros al día y una indemnización conjunta con Adolfo Llamas de 251.106,78 euros al Ayuntamiento de Santa Brígida y de 334.120,14 euros por daños y perjuicios.
El fiscal señala en su escrito de acusación que la contratación de Adolfo Llamas, "prescindiendo de todo procedimiento administrativo para su selección, sin sujetarse a ninguna de las normas administrativas existentes, consistentes exclusivamente en pactos verbales, sin ningún contrato oor escrito, ha de imputarse al por entonces alcalde, en 1996 Manuel Galindo, en 201 Carmelo Vega", pero el posible delito de prevaricación administrativa ha prescrito porque ha pasado más de diez años.
En la misma acusación del ministerio público se dice que Antonio Díaz, "aprovechándose del cargo que ocupaba, entre 2001 a 2003 como concejal delegado de Hacienda y Personal y a partir de de 2005 como alcalde, consiguió que el Ayuntamiento contratara el 1 de noviembre de 2002 su nuera, Encarnación Sierra Castro, desde l 11 de febrero de 2003 a Pedro José Hernández Jorge y el 17 de mayo de 2001 a Rosa Nolasco Sánchez".
Estas contrataciones, según la acusación pública, fueron hechas por el entonces alcalde Carmelo Vega, "contra el que no se ha dirigido el presente procedimiento, prescindiendo de todo sistema de selección, contraviniendo los principios que deben regir la correcta actuación de la Administración pública".
