Como en casi todas las elecciones municipales desde el año 1979, en que hubo que suspender los comicios porque votaron hasta los difuntos, el Ayuntamiento de Mogán vuelve a estar en el disparadero por sospechas de fraude electoral y acusaciones cruzadas entre los cuatro grupos políticos que forman actualmente el consistorio sureño, Ciuca, el PP, el PSOE y NC.
Una asociación recién creada, denominada Regeneración Democrática y Acción Social de Mogán, ha informado de la presentación de al menos una decena de denuncias ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana por la presunta compra de votos por parte de Ciuca, el partido de la alcaldesa Onalia Bueno, en las elecciones locales del año pasado.
Algunos de esos denunciantes han aparecido en cadenas de televisión nacionales y aseguran que vendieron su voto por cantidades que oscilaron entre los 50 y 150 euros. También comentan que se ofrecieron electrodomésticos o promesas de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento que luego se han incumplido, lo que les anima ahora a acudir a los tribunales.
Onalia Bueno rechaza de forma tajante esas acusaciones y las achaca a una nueva ofensiva de la oposición para intentar dividir al gobierno municipal de Ciuca-PSOE. La alcaldesa recuerda que todas las denuncias anteriores por fraude electoral han sido archivadas al no encontrarse pruebas de ningún delito, por lo que advierte con iniciar acciones judiciales contra estos denunciantes. "Ya está bien de injurias y de desprestigiar el nombre de Mogán; los que están haciendo esto deben saber que no le va a salir gratis", avisa.
Operación
A su juicio, se trata de una operación de desgaste político orquestada por el anterior alcalde del PP, Francisco González, y por la edil de NC Isabel Santiago, apoyados ahora por Domingo Rodríguez, un exconcejal de Ciuca que fue destituido hace unos meses por "deslealtad", y por "algún pequeño empresario" que tiene conflictos con el Ayuntamiento.
El portavoz de Regeneración Democrática, Antonio Muñoz, declaró el pasado 6 de mayo que existen nuevas pruebas documentales que demostrarían el presunto delito electoral y que se aportarán al Juzgado en el momento procesal oportuno. Hasta ahora solo han mostrado algunos fragmentos de las denuncias, en los que, entre otras cosas, se afirma: "22 mayo uvo eleciones (sic) municipales vinieron tres personas con una tarjeta de Ciuca Mogán y me compraron el voto por 40 euros, echo (sic) que yo no sabía que era ilegal".
Aunque Antonio Muñoz sostiene que su organización tiene detrás un fuerte equipo de abogados -"esta no es una asociación de cuatro amiguetes", aseguró a la cadena Ser- choca que las denuncias estén escritas a mano, con incorrecciones en las fechas y numerosos errores ortográficos. Otro de los denunciantes expresa textualmente: "Dos semanas antes del 24 de mayo de 2015 me ofrecieron 150 euros por la compra de mi boto (sic) para el grupo Ciuca Mogán. Me ofrecieron trabajo, casa, ayuda, etc. Bote (sic) por correo que me llegó el boto (sic) los miembros de Ciuca me rellenaron las papeletas y una vez llegarme el sobre serrado (sic) y la chica lo abrió y me pagó como muchos otros suidadanos (sic) de arguineguín (sic) y nos sentimos abandonados y engañados porque no han cumplido con nada y nos han estafado".
Los supuestos captadores de votos de Ciuca, según Muñoz, iban detrás de aquellas personas que no tenían medios económicos -"gente con necesidades de primer orden, como la alimentación"-, le ofrecían 150 euros, los acompañaban a la mesa de votación y les entregaban el dinero.
Uno de esos presuntos captadores de votos es Ramón Trujillo, más conocido en Arguineguín como el Perraya, que se ha sumado a los denunciantes y ha declarado ante las cámaras de la Sexta que actuaba bajo las órdenes directas de Onalia Bueno. Según Trujillo, la alcaldesa le dijo que "había que sacar votos debajo de las piedras" y le pidió que buscara a personas en el paro o con necesidades económicas. El Perraya se jacta de haber logrado unos 470 votos para Ciuca en las elecciones de 2015, hipotéticamente pagados con dinero aportado por empresas turísticas del municipio.
La alcaldesa tacha de "falsas" todas esas declaraciones y cree que el Perraya actúa "por venganza" tras perder la presidencia de un Club Social El Cangrejo, en Arguineguín, tras numerosos altercados con los demás socios. "Esos miembros del club se reunieron conmigo y les dije que tenían que arreglarse entre ellos y convocar elecciones; después el Peralla me preguntó si le iba a prestar mi apoyo para renovar la presidencia y le dije que no, por la sencilla razón de que estaba implicado en todos los problemas en ese club y no era la persona idónea para dirigirlo", explica Onalia Bueno, quien considera que "este señor tiene una dudosa credibilidad y ahora está siendo utilizado y manipulado por el PP y NC para que presente denuncias que son rotundamente falsas".
Enfrentamientos
Trujillo tiene un largo historial de enfrentamientos con vecinos, familiares y representantes políticos. Un informe de antecedentes delictivos de la Guardia Civil registra diez detenciones entre los años 1988 y 2011 y un total de 41 denuncias por delitos o faltas y otras dos por infracciones administrativas.
Ha sido denunciado por delitos contra la libertad, amenazas, contra la seguridad colectiva, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, contra el patrimonio, lesiones, contra el orden público, desobediencia, receptación de objetos robados, contra la libertad sexual, vejaciones, injurias o coacciones.
En las elecciones del 27 de mayo de 2007, el Perraya fue denunciado ante el puesto de la Guardia Civil de Puerto Rico por golpes y amenazas hacia una apoderada del PP en una de las mesas electorales de Arguineguín.
Las sospechas sobre fraude electoral en Mogán aumentaron en de esos comicios de 2007 por las revelaciones del caso Góndola. Y con los mismos protagonistas políticos que ahora. Aunque nadie lo creería a la vista de los últimos acontecimientos, Francisco González, Onalia Bueno e Isabel Santiago concurrieron juntos bajo las siglas del PP en las elecciones de 2003. Lograron una amplia mayoría, pero pronto aparecieron los conflictos en el grupo municipal.
Isabel Santiago fue expulsada del partido en abril de 2006 y junto a otros dos concejales populares que habían renunciado al cargo, Benjamín Martín y Carmen Delia Medina, presentó una denuncia en la Brigada de Información de la Policía Nacional por presuntos delitos en los convenios urbanísticos del Ayuntamiento. De ahí nació el caso Góndola, en que fueron detenidos e imputados el alcalde, varios concejales del PP, funcionarios y empresarios.
Aunque el caso Góndola se ha ido desinflando en los tribunales en los diez años transcurridos, el anterior alcalde sigue imputado en las tres piezas separadas que siguen abiertas -convenios urbanísticos, depuradora de Taurito y Grupo Europa- y Onalia Bueno en la última de ellas.
Los pinchazos telefónicos del caso Góndola en 2006 detectaron conversaciones sobre presuntas manipulaciones del censo, compra de votos por 30 euros y favores desde el Ayuntamiento. Se abrió una pieza separada por delito electoral y fueron imputados varios representantes del PP, entre ellos la actual alcaldesa, y funcionarios. Esa causa se archivó a finales de del año 2015.
En las elecciones municipales del año pasado se volvieron a disparar las sospechas desde la misma campaña. El entonces alcalde y presidente del PP, Francisco González, denunció ante la Guardia Civil el presunto uso ilegal por parte de Ciuca del voto por correo. Las pesquisas de la benemérita se cerraron sin encontrar pruebas de ese fraude. Sin embargo, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción cree que sí existen indicios de delito electoral y hace tres meses pidió a la Delegación del Gobierno que reabra el caso. El coordinador general del Observatorio, José Antonio Sánchez Fornet, dijo que las investigaciones desvelaron que era el PP en que estaba amañando los votos.
Al menos hay un dato irrefutable y revelador de lo que ocurrió en Mogán en las últimos elecciones: en 2011 hubo 191 votos por correo y en 2015 esa cifra subió a 560.
