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Teror

La Fiscalía archiva la denuncia de la alcaldesa contra dos funcionarios

El ministerio fiscal ironiza sobre la pérdida de confianza de Isabel Guerra con dos técnicos - El caso originó la actual crisis municipal

Isabel Guerra. JUAN CARLOS CASTRO

La Fiscalía Provincial archiva la denuncia presentada por la alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, (Nueva Canarias) contra dos altos funcionarios municipales, a los que acusaba de un delito de prevaricación por ocultar información relevante en la tramitación de una licencia municipal. Este caso desencadenó en la actual crisis política con sus socios políticos del Partido Popular, que mantiene en el aire el pacto. El decreto del fiscal Javier Ródenas está repleto de fina ironía, con expresiones como "no se puede pretender que la Fiscalía se convierta en el órgano de asesoramiento que supla la labor de los técnicos", y que si ha perdido la confianza en sus técnicos "poco o nada cabe decir por el Ministerio Fiscal, a la vez que cataloga los hechos de una "denuncia a prevención" y critica que se le remita el expediente completo de tres tomos con indicaciones genéricas y, además, cuando todos los informes del procedimiento son favorables.

La denuncia de Isabel Guerra contra el jefe de la oficina técnica municipal y el secretario accidental quedan en nada. "Los hechos denunciados (además de ser excesivamente inconcretos o genéricos) no constituirían, per se, hecho delictivo". Esta es la conclusión a la que llega Javier Ródenas en este caso.

Como se recordará, el concejal de Urbanismo, Juan Gregorio Trujillo (PP), propuso a la Junta de Gobierno Local del 6 de abril la aprobación de un proyecto reformado de vivienda unifamiliar en el barrio de El Palmar, con el visto bueno del Cabildo, con el que se intentaba solucionar las anteriores irregularidades de la obra, que habían sido denunciadas por su actual compañero de gobierno por Coalición Canaria, Juan Navarro, cuando estaba en la oposición. Navarro, antes de aprobarse, pidió también dejar el expediente sobre la mesa, tras alertar del historial a su regidora.

La alcaldesa decidió entonces y sin informar a sus socios llevar el expediente a la Fiscalía y a la Comunidad Autónoma, denunciando a ambos trabajadores por un delito de prevaricación. Esta situación desembocó en una profunda crisis política en el Ayuntamiento de Teror, que mantiene el pacto al borde de la ruptura, con acusaciones, eliminación de delegaciones y decisiones controvertidas, como el cierre de la oficina antidesahucios por entender el PP que no es una competencia municipal y su duplicidad con el Cabildo, a pesar de que era un compromiso electoral de la alcaldesa.

El decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas archiva estas diligencias, con una repetida exposición sarcástica sobre la decisión de la alcaldesa de remitirles el caso. "No se puede pretender que la Fiscalía se convierta en el órgano de asesoramiento que supla la labor de los técnicos con los que cuenta el municipio de Teror. Conviene no confundir los planos de operatividad, el otorgamiento de la licencia como acto reglado supone la obligatoriedad del ente público de proceder a su concesión si concurren los presupuestos para ello y en la denegación de su otorgamiento en caso contrario. No hay más. Para el correcto ejercicio de esta potestad municipal la Corporación local se nutre de un equipo técnico-jurídico quienes conforme al procedimiento legalmente establecido deben informar sobre si el acto administrativo pretendido se ajusta o no al planeamiento urbanístico".

Tres tomos de papeles

El Ministerio cree que "es llamativo" que se paralice un procedimiento "a prevención", mandando el expediente completo de "tres tomos", realza Ródenas, a la Fiscalía "ante unos hechos no específicos, "sino que se hace por indicación genérica".

En su análisis del documento, enumera que el ingeniero técnico de Obras Públicas del Ayuntamiento de Teror declaró el carácter legalizable de las obras, y también emiten un informe favorable la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Política Territorial a instancias del propio municipio. "Con todos estos datos deberá concluirse por el órgano competente en materia de concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Teror, lo que procede a arreglo a derecho".

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