Tan "complicadas" son las negociaciones entre el Cabildo y el Real Club de Golf de Las Palmas que tanto el gobierno tripartito de NC-PSOE-Podemos como la oposición del PP y Unidos insinuaron que no se deben airear mucho esas relaciones por el bien de ambas entidades y de la propia isla de Gran Canaria. Mientras, Fernando Bañolas, único representante de CC en la corporación, sigue su cruzada para investigar las cuentas del campo de golf y ayer logró poner de acuerdo a todos los demás partidos, que votaron en bloque contra su moción.

En ella, Bañolas recordó que el Real Club solicitó la resolución de la concesión administrativa desde el 3 de junio de 2013, al no poder afrontar el canon anual y acumular una deuda de 1,2 millones. El 20 de mayo de 1015, días antes de las elecciones al Cabildo, el gobierno de Bravo de Laguna y del PP (ya en esa fecha estaban divididos) acordó resolver el contrato de mutuo acuerdo con el argumento de la crisis económica sobrevenida.

Desde esa fecha ha pasado casi un año, alegó Bañolas, y el nuevo gobierno de Antonio Morales sigue sin tomar una decisión sobre el futuro de esa propiedad pública. La moción pedía, en su primer punto, "que se estudie la posibilidad de extinguir el régimen cautelar y transitorio, referido al pago del canon, y de exigir el cumplimiento íntegro del contrato". En el segundo punto, Bañolas proponía que el acto administrativo de la resolución del contrato "no exima del pago atrasado del canon y, en todo caso, la nueva concesión deberá atender los principios de concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación".

En respuesta, el consejero de Hacienda, Pedro Justo, dijo que ahora no existe contrato en vigor y que el Real Club está en situación de precario, algo que es perfectamente legal. "No paga el canon, pero sí mantiene el aval y cumple con la obligación de mantener el campo, a los 44 trabajadores y 500.000 metros cuadrados de césped", explicó.

El consejero negó que exista "fraude del ley" en el proceso que ha iniciado para mantener esa concesión al Real Club a través de un convenio u otra fórmula, siempre que esa entidad acepte las contraprestaciones que le exigirá el Cabildo. Justo aseguró que existen otros tres interesados en la concesión, pero se negó a desvelar sus nombres. "La primera opción", apuntó, es dejarle el campo al actual ocupante.

José Miguel Bravo, por Unidos, y Lucas Bravo, por el PP, apoyaron la continuidad del Real Club y aseguraron que sus directivos han hecho una gestión "excelente", en lo que Bañolas no estuvo de acuerdo.

El Pleno aprobó tres mociones por unanimidad: de respaldo al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), para que las competencias estén bien dotadas (en relación a la nueva Ley del Suelo), y de apoyo al traslado de los restos de Fernando Guanarterme desde Tenerife.