El gobierno tripartido del Cabildo de Gran Canaria ha decidido eliminar el Consorcio Aeroportuario de Gando sin haber obtenido resultados tangibles en sus 17 años de existencia y tras haber gastado más de cuatro millones de euros. "No vamos a derrochar más dinero público", sentenció el presidente Antonio Morales tras un largo debate con los grupos de la oposición sobre la utilidad de ese organismo público y sus actividades en los últimos cinco años.
El Consorcio de Gando cuesta a las arcas públicas unos 300.000 euros al año, solo en gastos de personal, y sus directivos "no han hecho nada" desde el año 2011, aseguró Morales, quien adelantó que su gobierno, tras librarse de esa "rémora", firmará convenios con los ayuntamientos de Telde e Ingenio para impulsar "con otras fórmulas" la creación del parque aeroportuario de actividades económicas.
El tripartito de NC, PSOE y Podemos confirmó la liquidación del Consorcio de Gando durante el debate de una moción presentada por el grupo Unidos, en la que su portavoz, José Miguel Bravo de Laguna, pidió que se paralice el proceso de disolución y se promueva una reunión entre las administraciones para analizar de forma global el futuro del aeropuerto.
Tras recordar que el programa de gobierno de Morales incluía "el impulso" de ese consorcio, Bravo admitió que "es cierto que no se han cumplido las expectativas", pero consideró que "no todo es negativo", pues ese organismo, por ejemplo, se ha utilizado para negociar con AENA las servidumbres aeroportuarias o con el Ministerio de Fomento para el traslado de las viviendas de Ojos de Garza.
En respuesta, la consejera del Política Territorial, Inés Miranda, consideró que el único resultado concreto en 17 años fue la elaboración del Plan Territorial, en la etapa de José Miguel Pérez. Por su parte, el consejero de Obras Públicas, resaltó que el pasado mandato de Bravo de Laguna "no se hizo nada", por lo que "de facto" fue el propio gobierno del PP el que "disolvió" ese organismo.
"En cuatro años no hubo reuniones del consejo y no se logró ni un solo resultado, incluso fueron incapaces de registrar la sociedad para la gestión del suelo", criticó Torres, a lo que Bravo de Laguna replicó que eso no fue posible porque los Servicios Jurídicos del Cabildo tardaron dos años en elaborar el informe correspondiente. Al final, la enmienda fue rechazada con los 15 votos del tripartido y CC frente a los 10 votos de Unidos y PP.
