El Cabildo, que preside Antonio Morales, presentará un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el acuerdo que alcanzó el pasado 21 de marzo el Comité de Inversiones del Gobierno canario para declarar el proyecto de renovación del hotel Riu Oasis como "estratégico" para el Archipiélago. La objeción judicial del gobierno insular vuelve a paralizar un proceso de rehabilitación, que tras el apoyo del Ejecutivo había conseguido acortar a la mitad los plazos administrativos para convertir el establecimiento en un hotel de cinco estrellas.
La renovación de las 900 camas del hotel Riu Palace Oasis de Maspalomas permanece bloqueada desde hace casi cuatro años. En diciembre de 2012, con José Miguel Bravo de Laguna al frente de la corporación insular, el Cabildo inició los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) a esta franja urbanística de San Bartolomé de Tirajana por una supuesta vinculación histórica con Cristóbal Colón en su itinerario a América.
Este expediente bloqueó el proyecto que barajaba la cadena mallorquina para derribar su hotel del Oasis y convertirlo en un edificio de 25 metros de altura con categoría de cinco estrellas. Una inversión que en un principio ascendía a 45 millones de euros.
El gobierno autonómico, por contra, rechazó esta figura de protección que promueve el Cabildo y se comprometió a finales de 2014 a elaborar un plan especial para toda la zona del Oasis. Sin embargo, nunca lo llevó a cabo.
A las objeciones del Cabildo se sumó en noviembre del año pasado una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que anuló la licencia que ya había concedido el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a Riu para levantar el nuevo hotel. En dicho fallo se ponía en "duda" si parte de la parcela que ocuparía el nuevo edificio quedó protegida hace años por la declaración de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas.
Un mes más tarde de dicha resolución judicial, el grupo hotelero decidió modificar considerablemente las dimensiones de su proyecto en aras de abordar un diseño con menos impacto visual sobre el palmeral de Maspalomas. La cadena optó por rebajar el volumen y las alturas del edificio, lo que disparó a 65 millones la inversión inicial.
Desde septiembre de 2015 el grupo había solicitado al Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias la calificación de su proyecto como "estratégico" para el Archipiélago. Sin embargo, no fue hasta marzo de este año cuando el Ejecutivo decidió incluirlo en la lista de actuaciones que gozan de tal denominación. Esta condición de "estratégico" permite a los promotores turísticos acortar a la mitad los plazos para la tramitación administrativa de sus proyectos. Una ventaja de la que también se han beneficiado otros inversores de la Isla, como Lopesan o Seaside.
Sin embargo, son el ayuntamiento sureño y el Cabildo las entidades encargadas de otorgar a Riu las licencias oportunas para acometer su proceso de renovación. Desde un principio el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Juan Manuel Brito (Podemos), cuestionó la clasificación que el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, había atribuido al proyecto de Riu. "A título personal", Brito acusó al Ejecutivo de "abusar" de la denominada Ley de Inversiones Estratégicas para impulsar hoteles afectados por procedimientos judiciales -en referencia a la sentencia de lo Contencioso que anuló la licencia de derribo y construcción del hotel y la propuesta de BIC del Cabildo aún sin resolver por el TSJC.
Hasta el momento el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, quien ya ha manifestado su apoyo a la declaración del palmeral como BIC, ha reiterado que es necesario el "consenso" entre las partes implicadas para revolver el conflicto del Oasis.
El recurso, que ha presentado el Cabildo contra la declaración de interés estratégico atribuida al hotel de Riu, apoya su argumentación entre otros criterios en la "obligación" que tiene el Gobierno canario de "proteger el hábitat del palmeral" e "integrarlo en el litoral" mediante la sustitución de las "edificaciones existentes por espacios libres", tal y como recoge el documento con fecha de 1 de agosto de 2014 con el que el Ejecutivo rechazó el BIC del Oasis.
Pese a que tanto Riu como el Cabildo ya habían manifestado su intención de sentarse a negociar una posible solución al conflicto, esta nueva resolución judicial complica de nuevo el acercamiento entre promotores y administración.
