Los socios se tiran los trastos. El Partido Popular culpó a la alcaldesa, Isabel Guerra, de cobrar durante cinco meses entre febrero y mayo de 2003 del Ayuntamiento sin trabajar, después de que su socia les acusara durante estas semanas de no trabajar y de ni siquiera pasar por las oficinas municipales, exigiendo su renuncia.
La alcaldesa ha justificado desde el inicio de la crisis su decisión de ir revocando una serie de competencias a ediles del PP argumentado que "no vienen a trabajar". Las manifestaciones en la misma línea han sido muchas, aduciendo en este rocío de descréditos que "lo que tienen que hacer es venir a trabajar, que para eso cobran".
Ante estas repetidas aseveraciones, el portavoz, José Luis Báez, se defendió argumentando que los funcionarios y vecinos "pueden corroborar su labor diaria, así como la firma de documentos". Pero no se quedó con eso, sino que echó la mirada atrás, y expuso que tras una pelea entre ella, entonces concejala socialista, con el alcalde, Juan de Dios Ramos, la hoy regidora abandonó su puesto como concejala, pero siguió cobrando de las arcas municipales. Según fuentes oficiales, durante cinco meses Isabel Guerra percibió 150.000 pesetas brutas al mes (la cantidad aprobada al inicio del mandato cuando estaba la peseta, que corresponde a 900 euros). Además, tanto el PSOE como el PP añaden que también pudo hacer lo mismo hace un año antes de las últimas elecciones en el Cabildo, ya que solo renunció al sueldo como liberada del PSOE cuando se conoció que era la candidata de Nueva Canarias en Teror.
A su vez, Aguas de Teror volvió a reabrir el debate. Isabel Guerra presentó una moción de urgencia para que la presidencia de la empresa recaiga siempre en la Alcaldía. Y, aunque no superó este trámite obligatorio para su defensa, no impidió que lo expusiera en asuntos de la alcaldesa. Admitía de esta forma que erró cuando defendió que seguía ocupando el cargo tras ser defenestrada por el consejo de administración y dijo que ese paso solo lo puede dar la asamblea. Eso sería en una empresa pública, pero aquí es una sociedad, aunque el dueño es el Ayuntamiento. Y pidió ahora que ya no lo preside, que este órgano reúna a todos los grupos políticos y no sean técnicos, que fueron los que secundaron su expulsión.
En cambio, José Luis Báez alegó que fue revocada porque intentó colar facturas del Ayuntamiento a cargo de la empresa, sin querer entrar en más detalles para no dañar la imagen de la compañía de aguas.
