El PP y CC exigieron ayer una aclaración sobre las supuestas irregularidades en el cobro de cuotas a los beneficiarios de la Ley de Dependencia de la residencia de mayores de Agüimes. "Las cosas no se han hecho bien y corresponde una rectificación cuanto antes y devolver los cobros indebidos, ya que se ha cobrado más de lo establecido", indicó Fernando Bañolas en referencia a que a un residente se le cobra 14.400 euros cuando se le debe pedir solo 2.200 euros por estar sus plazas subvencionadas, según han denunciado varios familiares.
El Grupo Popular exigió al presidente del Cabildo, Antonio Morales, "que no se esconda y dé la cara de una vez" ante las supuestas irregularidades denunciadas por varios usuarios de la residencia de mayores. "El presidente del Cabildo, que hasta mayo de 2015 fue alcalde de Agüimes, no puede seguir un minuto más sin dar explicaciones ante la gravedad de las acusaciones formuladas por varias familias, y más aún después de que la Consejería regional de Política Social haya confirmado que existen indicios de que hay algo grave detrás de este caso", indicó el portavoz del PP, Felipe Afonso El Jaber.
El PP reiteró la necesidad de que el Cabildo, como parte implicada en el convenio para la financiación de la Ley de Dependencia, encargue una auditoría y abra una investigación sobre los presuntos cobros indebidos en Agüimes.
Por su parte, el alcalde, Óscar Hernández, indicó "que la voluntad de un particular de ahorrarse dinero o recibir algún tipo de compensación porque las administraciones públicas nos encarguemos de su responsabilidad de atender a los mayores, no nos va a enfrentar al Cabildo, al Gobierno y al Ayuntamiento. Somos tres instituciones absolutamente fiscalizadas y en Agüimes no hay ningún asunto turbio, ni ninguna incoherencia ni ilegalidad". Recuerda que hasta hace dos años el Ayuntamiento recibía 250.000 euros, que se distribuían entre los 70 usuarios, con lo que los beneficiarios en vez de pagar 1.800 euros pagan 1.200.
Subidas
Hernández señaló que con el cambio de criterios de la Ley de Dependencia los usuarios habituales tendrán que pagar más. "Es injusto que el dinero que se destinaba a más personas ahora solo sea para 12 personas y obligue a los otros 48 mayores a pagar más". El alcalde apuntó que llevan negociando desde hace más de un año con el Gobierno y el Cabildo y no ha recibido una propuesta con una solución más social, que beneficie a todos y no a unos particulares. En cualquier caso el Ayuntamiento aplicará desde este mes la nueva ordenanza adaptada a la Ley de Dependencia, aunque sea injusta.
