Gran Canaria ha perdido cerca de 30.000 plazas extrahoteleras en los últimos 16 años. El presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), Tom Smulders, señaló ayer que otras 18.000 camas están aún "flotando en una niebla poco transparente, sin uso definido". En la celebración de su asamblea anual, el sector expuso a las administraciones sus principales preocupaciones, como la resolución del marco jurídico de las denominadas casas vacacionales que aún el Gobierno de Canarias no ha culminado.
Muchos son los retos a los que se enfrenta el sector extrahotelero de la provincia de Las Palmas. Imposibles de resumir ni siquiera en un debate de casi tres horas de duración. Sin embargo, una de las cuestiones que más inquieta es el proceso de legalización que afecta a uno de los productos emergentes del mercado turístico: las casas vacacionales. "Las tentadoras imágenes que se nos muestra por Internet no son un fiel reflejo de la realidad como tampoco lo es la cifra desproporcionada que habla de 53.000 familias con 150.000 unidades alojativas", expuso Smulders.
Es por ello por lo que la patronal no dudó ni un segundo en exigirle al viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, invitado al encuentro junto con el alcalde sureño, Marco Aurelio Pérez, y su homóloga en el Cabildo, Inés Jiménez, que modere de una vez el debate de consulta sobre la "idoneidad" del modelo jurídico. En caso de que se demuestre que esta nueva red de "economía colaborativa" ofrece estándares de "calidad" similares al resto del sector, la AEAT está dispuesta a recibir con "los brazos abiertos" a los nuevos gestores. Sin embargo, primero habrá que acordar "si se continúa o no" con la aplicación del decreto 113/2015 que regula este tipo de establecimientos alojativos en Canarias.
Por el momento el Ejecutivo prefiere culminar la batería de estudios "cualitativos" que ha encomendado a una empresa externa. "En las red abunda la publicación de este tipo de oferta alojativa, a veces, hasta se triplica. Por lo tanto, no queremos discutir un asunto con datos falsos o sacados de la chistera. El próximo mes de julio difundiremos los datos que hemos obtenido para luego discutir el asunto con el apoyo de cifras reales", replicó de La Rosa.
La Ley de Modernización y Renovación Turística, que limita el uso residencial en los apartamentos del Sur, también constituye otro de los debates pendientes que acumula el Ejecutivo. Tras la exposición del estudio que ha elaborado el director del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo León, quien apunta que el Archipiélago pierde 23.230 euros por cada plaza turística que se convierte en residencial, de La Rosa recalcó la necesidad de "entender" el conflicto antes de tomar "decisiones".
