El Real Club de Golf de Las Palmas incumplió durante diez años la cláusula de la concesión administrativa para el uso del campo de Bandama, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, que le obligaba a realizar cursos para escolares de los 21 municipios de la Isla a cambio de una reducción en el canon anual. La entidad deportiva se ahorró de esa forma 580.520 euros, cantidad que se suma a los más de 900.000 euros que el anterior gobierno insular de José Miguel Bravo de Laguna había perdonado al club al rescindir el contrato de mutuo acuerdo el 22 de mayo de 2015, dos días antes de las elecciones.
Así se desprende de la respuesta del Instituto Insular de Deportes del propio Cabildo a una pregunta del consejero de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, en la que reconoce que los cursos de golf para los escolares nunca se celebraron. El portavoz nacionalista sostiene que los sucesivos gobiernos del Cabildo han dado un trato de privilegio al Real Club de Golf, por lo que el pasado 18 de mayo presentó un recurso ante el presidente de la corporación, Antonio Morales, en el que le solicita que la resolución del contrato no tenga efectos retroactivos, pues calcula que eso supondría un daño para las arcas públicas de 1,5 millones de euros.
Los terrenos del Cabildo en Bandama siguen ocupados en precario desde el 3 de junio de 2013, fecha en la que la entidad deportiva solicitó la resolución del contrato al no poder hacer frente al canon. Por tanto, el Cabildo ha dejado de cobrar unos 900.000 euros en los últimos tres años, aunque el Real Club de Golf sí está pagando de forma fraccionada la deuda que había acumulado en los años anteriores. También se hace cargo del riego y mantenimiento del campo de golf hasta que el gobierno insular decida qué hacer con sus terrenos de Bandama.
Una década sin pagar
El Instituto Insular de Deportes confirma ahora que el club ha incumplido durante una década la cláusula contractual para la celebración de cursos de golf destinados a escolares, por la que obtuvo una rebaja de 58.052 euros al año.
Según se refleja en los informes de Intervención del Cabildo, el Real Club de Golf Las Palmas revalidó en 2006 la concesión administrativa de Bandama tras un concurso público que establecía un canon para el primer año de 358.938, 89 euros, el importe equivalente al 6% del valor de la propiedad, tasada en 5,98 millones de euros.
No obstante, el canon fue modificado a 300.886, 89 euros por el gobierno insular de José Manuel Soria, "al descontarle la valoración económica de un Programa de Golf para escolares de obligada ejecución para el adjudicatario, por 58.052 euros". El plazo de la concesión se fijó en 25 años.
La respuesta del Instituto Insular de Deportes a Bañolas, firmada por su director-gerente, Alfredo Gonçalvez, señala : "A fin de cumplir con las funciones que se asignaron a este ente público en el marco contractual de la concesión administrativa de los terrenos de Bandama al Real Club de Golf, se elaboró un documento bajo el rótulo de 'Golf para jóvenes' en el que participarían escolares de los 21 municipios de la Isla. Para materializar el mismo se inspeccionan las instalaciones y tras una reunión con la gerencia del Club, se concluye que el proyecto era inviable".
Ante esa contestación, el portavoz de CC en el Cabildo entiende que no se dan las circunstancias para resolver el contrato de manera amistosa, como hizo Bravo de Laguna dos días antes de las elecciones del año pasado, y mucho menos en un Consejo de Gobierno Extraordinario al que no acudieron la mayoría de los miembros del gabinete, con el gobierno ya dividido tras la ruptura de Bravo de Laguna con la dirección del PP y la creación de un partido propio.
Según se recoge en el acta, a esa reunión del 22 de mayo de 2015 solo asistieron, además del presidente, los consejeros Juan Domínguez, Ana Kursón, Lucas Bravo de Laguna y Aladino Suárez. No acudieron el portavoz del Grupo Popular, Carlos Sánchez, ni los consejeros Auxiliadora Pérez, Carmen del Rosario Godoy y José Miguel Álamo.
En una reunión que duró diez minutos, en el punto sexto se acordó, "con efectos retroactivos al 3 de septiembre de 2013, estimar la petición del Real Club de Golf de considerar resuelto, por mutuo acuerdo y con base en el riesgo imprevisto de la crisis económica, el contrato de concesión del campo de Golf de Bandama y demás instalaciones vinculadas al mismo".
En el punto séptimo se estableció que "entre el 3 de septiembre de 2013 y la futura fecha en que tome posesión del Campo de Golf de Bandama un nuevo adjudicatario de un posterior contrato a suscribir con este Cabildo de Gran Canaria, el Real Club de Golf de Las Palmas, como entidad sin ánimo de lucro, siga ostentando la posesión del referido campo en precario y sin obligación de pagar canon durante ese tiempo, pero con la obligación de hacer frente a la liquidación del contrato y las obligaciones de índole económica".
Bañolas considera que el Cabildo no puede rescindir el contrato de mutuo acuerdo si existe un incumplimiento del mismo, lo que se ha confirmado con la respuesta del Instituto Insular de Deportes. A su juicio, el gobierno insular "viene a admitir que es conocedor de que esta cláusula nunca se cumplió, desde hace diez años, y sin embargo rescinde un contrato sin arremeter contra el bien patrimonial de la otra parte, cuestión que entendemos totalmente contraria a los intereses del Cabildo".
Un Informe de Intervención, según el consejero nacionalista, "desmonta uno a uno" los argumentos empleados por el club para pedir la resolución amistosa del contrato, pues aparte de incumplir la cláusula de las actividades a desarrollar, como los cursos para escolares, tampoco se elaboró el Plan Económico Financiero de explotación del campo de golf .
"Debe considerarse" -se alega en ese informe de Intervención- "que la ausencia de un plan económico-financiero previo que evaluara las posibilidades financieras de la concesión, ha podido derivar en el desfase permanente que el concesionario alega en su petición".
Desde 2006, según Bañolas, los sucesivos gobiernos insulares de Soria (PP), José Miguel Pérez (PSOE-NC), Bravo de Laguna (PP) y Morales (NC-PSOE-Podemos) "han mirado para otro lado". Critica que el tripartito haya dejado pasar un año sin tomar una decisión.
En su escrito del pasado 18 de mayo al presidente Morales, Bañolas ya denunciaba un presunto "fraude de ley" al resolver el contrato de mutuo acuerdo con el club y con carácter retroactivo a 2013, lo que según sus cálculos supone una merma de 15 millones en los ingresos del Cabildo por la cesión de esa propiedad pública de Bandama a una entidad privada.
