El intento del Grupo Santana Cazorla de gestionar el negocio marítimo en la urbanización Anfi del Mar al margen de su noruego ha chocado con la Audiencia Nacional (AN) y con el Tribunal Supremo (TS), que han anulado el permiso concedido al hijo del constructor grancanario para ocupar 145.381 metros de terreno y han ratificado el derecho de Anfi del Mar SL a optar a la concesión de Costas para explotar esa franja del litoral de Mogán.
La autorización revocada afecta a todo el frente marítimo de la urbanización, que fue construida por Björn Lyng en el barranco de El Lechugal, al lado de Arguineguín, y se ha convertido desde la década de los noventa en referencia europea del negocio de las vacaciones a tiempo compartido. Los herederos del inversor noruego, a través de Anfi Internacional, son propietarios del Grupo Anfi junto a Hermanos Santana Cazorla, que desde el 2009 disputa la concesión a la familia Lyng, titulares originarios del dominio marítimo terrestre por orden ministerial de 1989.
Se trata de una autorización que permite explotar los servicios de temporada situados en la playa y en la isla artificial, conocida como Maroa Club de Mar, así como las hamacas, las actividades náuticas, el muelle deportivo (Marina Narval) y los locales comerciales que están a los pies del complejo turístico. Esos negocios, según fuentes del Grupo Anfi, generan en arrendamientos entre 300.000 y 500.000 euros mensuales. De ahí la importancia del enfrentamiento entre los herederos de Björn Lyng y Hermanos Santana Cazorla, de la que es presidente Santiago Santana.
La disputa surgió porque una empresa vinculada al constructor grancanario, Gestiones y Explotaciones Narval SL, obtuvo el 16 de noviembre de 2011 la concesión para ocupar los 145.381 metros de dominio público marítimo terrestre, con la finalidad de crear, adecuar y mantener diversas instalaciones destinadas a locales comerciales y de ocio, servicios náuticos y de restauración, obras marítimas y equipamientos públicos, entre otros.
La estrategia
El responsable de Narval SL es hijo de Santiago Santana Cazorla y, con anterioridad a la concesión, estaba al frente de dicha compañía la mujer del empresario. Solicitaron el permiso el 31 de julio de 2009, mediante la empresa Bultidior SL, que luego pasó a llamarse Narval, con sólo 3.000 euros de capital en esos momentos y sin experiencia en la explotación de concesiones sobre terrenos de dominio público marítimo terrestre con fines turístico. Aun así lograron la autorización de la Dirección General de Sostenibilidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, la cual ha sido anulada ahora por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
La sentencia, que lleva fecha del pasado 28 junio, estima parcialmente el recurso de Anfi del Mar. Los inversores noruegos disfrutaban desde 1989 de una concesión para ejecutar las obras marítimas durante 20 años. El 16 de noviembre de 2007 reclamaron la renovación anticipada, pero Costas se la denegó el 6 de agosto de 2009, es decir, nueve días después de que la compañía vinculada a Santana Cazorla también pidiera autorización para explotar los terrenos, los cuales coinciden básicamente con la concesión anterior. El 21 de mayo de 2010 reiteraron la solicitud, pero la Demarcación de Costas en Canarias rechazó su tramitación y el Ministerio de Medio Ambiente resolvió el expediente a favor de Narval SL en 2011. De ahí la batería de recursos de Anfi del Mar.
Y es que la Audiencia Nacional se remite a dos sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por el Tribunal Supremo (TS). Esta última, del pasado 11 de mayo, confirma la anterior del TSJC y obliga a la Demarcación de Costas a retrotraer el procedimiento para tramitar la solicitud de Anfi del Mar porque ha sido rechazada de forma irregular, esto es, sin una motivación adecuada, pues la inadmisión de una solicitud de este tipo sólo es posible si tal petición vulnera la normativa de forma "manifiesta" o "notoria". Un presupuesto que no se da en este caso porque Anfi del Mar fue la anterior concesionaria durante 20 años.
"La administración ha procedido a otorgar una concesión sobre la misma franja del litoral y con idéntica finalidad, funcionalidad y conjunto de instalaciones a favor de un tercera entidad, cercenando la posibilidad de que la concesión sea tramitada en competencia de ambas solicitudes", explica el ponente de la sentencia dictada por el Supremo, Mariano de Oro-Pulido, que también está firmada por los magistrados Rafael Fernández Valverde y José Suay Rincón, ambos vinculados con Canarias (este fallo es que ha tomado como referencia la Audiencia Nacional para declarar ilegal la autorización otorgada a Narval).
Anfi del Mar reclamaba al Supremo que le diera la concesión directa, pero el Alto Tribunal rechaza esa pretensión y establece que decida la administración tras tramitar su solicitud. Dicha sentencia es firme, al contrario que la emitida por la Audiencia Nacional, la cual es recurrible precisamente ante el TS.
Anfi Internacional BV, a instancias de la familia Lyng, también se querelló a finales de 2013 por apropiación indebida contra Hermanos Santana Cazorla por el supuesto desvío de fondos. Un procedimiento penal que sigue vivo y que tiene otras ramificaciones en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana por administración desleal y otros posibles delitos vinculados a la gestión del Grupo Anfi, un referente en los alojamientos a tiempo compartido con las urbanizaciones Anfi del Mar y Anfi Tauro, esta última situada en uno de los barrancos con más proyección turística de Mogán y del sur de Gran Canaria.
