El Gobierno canario no tendrá que indemnizar al grupo Anfi por los perjuicios que esta empresa decía haber sufrido como consecuencia de las moratorias turísticas de 2001 y 2003, a las que culpaba de no haber podido desarrollar por completo sus planes para Tauro.
En esos dos años, el Gobierno de Canarias, primero, y el Parlamento autonómico, después, decidieron suspender la aprobación de planes parciales y la concesión de licencias, con el propósito de replantearse el crecimiento que estaba experimentando el sector turístico en las islas y su impacto sobre el medio ambiente.
La empresa Anfi Tauro sostenía que esas normas, que dieron forma a la llamada moratoria turística, eran responsables de que no hubiera podido completar sus planes de construcción en el sur de Gran Canaria, lo que le habría producido, según sus argumentos, un importante perjuicio económico.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya había contestado a la empresa hace dos años que la congelación de sus planes en Tauro no era imputable a la moratoria turística, sino a que estos devinieron ilegales al ser anuladas las normas subsidiarias que regían el urbanismo en Mogán desde 1988.
Meras expectativas
El Supremo refrenda el criterio del TSJC al respecto y subraya que el mero hecho de que un terreno "haya sido clasificado como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística añade a tal contenido", sino que solo cabe indemnizar la pérdida de aquellos aprovechamientos que ya hayan sido realmente patrimonializados.
Y ello exige, añade su sentencia, que el plan haya llegado a su "fase final" y el afectado haya "participado en el proceso urbanizador, a través del cumplimiento de los correspondientes deberes y cargas urbanísticas", de acuerdo a lo previsto en el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008.Sin haber cumplido esos pasos, los "derechos" que la empresa esgrime "no pasan de ser meras expectativas".
El Supremo defiende que "no ha sido la moratoria turística el causante de la falta de desarrollo de la actuación urbanizadora" por parte de Anfi, como demuestra lo ocurrido después de que el Parlamento canario le otorgara en 2007 la condición de proyecto de interés general y habilitara a la empresa a construir 1.681 plazas alojativas en esa zona.
