Cada año mueren en Gran Canaria al menos una decena de animales de especies protegidas, sobre todo aguilillas, cernícalos, búhos chicos o cuervos, esta última en serio peligro de extinción en Gran Canaria, por la ingesta de cebos envenenados colocados estratégicamente en zonas rurales, como cotos de caza, fincas agrícolas o incluso explotaciones ganaderas.

Para tratar de erradicar los envenenamientos el Cabildo y el Seprona organizan desde el año 2013 una serie de batidas, la última de ellas el pasado junio en la que se localizó, gracias al apoyo de la Unidad Canina de Detección de Venenos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, una serie de cebos en un coto de caza de Tejeda, muy cerca de un comedero de animales. Ahí se localizó a un gato muerto, animales que junto con los perros, se llevan la peor parte de esta práctica -con decenas de fallecidos al año-, totalmente ilegal y que conlleva penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses, así como la inhabilitación especial para profesión u oficio y el derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años.

Durante la citada investigación de junio el Seprona realizó 24 inspecciones en establecimientos o explotaciones ganaderas; y ejecutó ocho búsquedas en diferentes zonas rurales y cotos de caza, donde ha identificado a 12 personas, según expone en su informe.

Juan Carlos Santana es inspector del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo. Insiste en no criminalizar ni a agricultores, cazadores o ganaderos, porque asegura que no existe un perfil definido, ya que los que colocan cebos lo hacen por intereses variados y que incluso pueden achacarse a una mala práctica o un desconocimiento de su manejo, y que año a año se va reduciendo esta situación que hace décadas causaba estragos, en gran parte por las tareas de vigilancia que acometen junto al Seprona. Ahora bien, sí que apuesta por incrementar los controles del almacenamiento, distribución y venta de los productos fitosanitarios legales, pero que mezclados de distintas formas o expuestos en determinados lugares resultan tóxicos para la fauna.

Aunque curiosamente lo que más se emplea es un compuesto prohibido desde el año 87, que aún queda en las alacenas de los más mayores, el carbofurano, pesticida que será sujeto a una futura campaña de recogida por parte del Cabildo de Gran Canaria.

Santana expone que es difícil cuantificar las pérdidas de animales, que incluyen a lagartos y erizos, entre otros muchos, ya que se trata de una "muerte silenciosa", lo que impide hacer un censo real. Además de la dificultad añadida de la orografía y de supuestos que a veces no se esperan, como el cuervo que aparece en un torreón y que parece víctima de un tropiezo con el edificio y que tras un examen forense mostraba evidentes trazas de carbofurano.

Eso sí, el inspector asegura que los animales, tras consumir estos venenos, sufren un ingrato proceso de "convulsiones y hemorragias que derivan en una muerte muy ingrata y muy sufrida".