El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, considera que "hay que dilucidar cuál es la administración responsable de ejecutar las devoluciones" que se deban realizar por los fallos en el sistema de reparto de las ayudas a la dependencia en la residencia de mayores de la localidad. Las declaraciones del primer edil agüimense, que asegura que desde la Administración que él dirige "no hay discrepancias con la consejera", están en sintonía con las realizadas el martes por la responsable de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, que anunció en sede parlamentaria que "se devolverá lo cobrado de más en la residencia".
La también vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, que avanzó que estas cantidades serían repuestas a sus destinatarios originales "de una forma u otra", contestaba de este modo a una pregunta de la diputada 'popular' Josefa Luzardo, que insinuó que los hechos ocurridos en el centro podrían ser constitutivos de delito. Ante esa posibilidad, el alcalde insiste en afirmar que "no ha habido ningún tipo de irregularidades".
El mismo martes, las administraciones involucradas en la gestión del centro y en la asignación y reparto de las ayudas a la dependencia mantuvieron una reunión fuera de cámara. El objetivo del encuentro era consensuar la información en posesión del Gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento para tratar de solventar las peticiones de los usuarios de la residencia y comenzar a dilucidar las posibles responsabilidades pecuniarias.
Respeto
Al encuentro, que según Hernández tuvo lugar en un clima "de absoluto respeto institucional", asistieron por el Gobierno autonómico la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, y la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha. Por el Cabildo de Gran Canaria acudió la consejera de Gobierno de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez. El Ayuntamiento estuvo representado por el alcalde y la concejal de Mayores, Igualdad, y Consumo, Marirrós Rodríguez.
Durante la reunión, la Administración autonómica solicitó documentación detallada sobre cada uno de los casos que están siendo objeto de revisión en estos momentos. Asimismo, también se requirió del Ayuntamiento que aporte la relación de los pagos hechos hasta ahora por las personas afectadas. Los responsables del consistorio ya han remitido esta documentación al Gobierno canario.
