La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, ha destituido al jefe de la Demarcación de Costas de Canarias por las irregularidades halladas en el permiso concedido al Grupo Anfi para construir una playa de arena y un paseo marítimo en la desembocadura de Tauro, uno de los barrancos con mayor proyección turística de Mogán y del sur de Gran Canaria, donde el grupo dirigido por la familia Lyng y Hermanos Santana Cazorla aspira a levantar varios hoteles con 7.500 camas, un puerto deportivo de 322 atraques, un área comercial de 18.000 metros y la mejora de la cala de piedras que ya están a punto de culminar.
José María Hernández León, que es ingeniero de caminos, accedió a la jefatura de Costas de Canarias en julio de 2012. La Dirección General de Sostenibilidad lo apartó del cargo a principios de esta semana, tras remitir la Guardia Civil a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas un amplio atestado que cuestiona la legalidad de la autorización dada al Grupo Anfi para ocupar en Tauro 3.711 metros del frente marítimo.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lleva investigando la actuación del promotor desde que comenzaron las obras el pasado mes de febrero. Las pesquisas afectan a las cuatro administraciones que han intervenido en la tramitación del proyecto: Ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y, sobre todo, Ministerio de Medio Ambiente, que, a través de la Dirección General de Sostenibilidad y su Demarcación en las Islas, resuelve finalmente la concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo terrestre.
Esta autorización, que es por 50 años, la obtuvo el Grupo Anfi a finales del año pasado. Los trabajos comenzaron en febrero, pero un ingeniero de Costas se negó a firmar el acta de replanteo, pues el promotor incumplía varios de los requisitos previos al comienzo de las obras. El más grave, quizá, se produce al realizarse las mediciones topográficas y comprobar que el proyecto aprobado no se corresponde con la realidad física del terreno, entre otros motivos porque hay un grupo de casas en el mismo espacio previsto para el paseo marítimo. Las obras, sin embargo, comienzan con el visto de la Demarcación de Costas pese a los reparos del técnico.
Asimismo surgen problemas con la parcela ofrecida por la empresa para retranquear el camping y las casas, bien porque el nuevo suelo está desconectado de la urbanización o porque el emplazamiento coincide con una rotonda de acceso a la playa. Todas estas incidencias llegan a Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, y los técnicos comprueban la existencia de propiedades cuya titularidad no está acreditada por parte del promotor. De ahí que la Dirección General de Sostenibilidad, tras revisar el expediente y constatar las anomalías en el acta de replanteo, haya cesado al jefe de la Demarcación de Costas, según fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.
Las pesquisas del Seprona, que están muy avanzadas, se centran precisamente en los reparos del ingeniero de Costas y, sobre todo, en la falta de acreditación de las propiedades afectadas, pues para beneficiarse de una concesión de dominio público es obligatorio acreditar la titularidad de todo el suelo vinculado a la operación urbanística. Los indicios apuntan a que José María Hernández conocía esa realidad y permitió la continuación de las obras. De ahí que haya sido destituido por sus superiores y buena parte de la investigación se centre ahora en su actuación. También en el Ayuntamiento de Mogán, que ha constituido una junta de compensación para tratar de llegar a acuerdos con los propietarios perjudicados.
La otra parte de las diligencias abiertas afecta a los sebadales y el supuesto daño medioambiental causado por la turbidez del agua. La playa está a 300 metros de la Zona Especial de Conservación Franja Marina de Mogán, pero no se colocaron barreras flotantes para proteger la calidad del agua frente a los movimientos de arena. Esto fue denunciando por Ben Magec Ecologistas en Acción y propició el inicio de las pesquisas que lleva la Guardia Civil.
