La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha abierto diligencias previas para investigar las irregularidades halladas por la Guardia Civil en la autorización que Costas dio al Grupo Anfi para ocupar la bahía de Tauro y transformar la cala de piedras en una playa artificial. El proyecto incluye la construcción de un paseo marítimo, servicios de temporada y comercios en esa franja del litoral, que es una de las más codiciadas del municipio de Mogán y del sur de Gran Canaria por su proyección turística. El ministerio público, tras analizar el atestado del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ve indicios de dos posibles delitos: prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, que están castigados con penas de hasta cuatro años de prisión.
El Seprona, que remitió un amplio atestado a la Fiscalía de Las Palmas a principios de esta semana, también aprecia daño medioambiental por verter la arena sin colocar barreras en el agua para proteger los sebadales de la turbidez generada por los movimiento de áridos, pero la acusación pública, por el momento, parece centrarse en la parte urbanística y administrativa de la investigación. De hecho, el pasado viernes, varios agentes se presentaron en el Ayuntamiento de Mogán por orden del fiscal e incautaron el expediente que autoriza las obras en el paseo marítimo, cuya finalidad es unir Amadores con la urbanización que la familia Lyng y Hermanos Santana Cazorla (Grupo Anfi) quieren levantar en Tauro. Los agentes tratan de acreditar que la licencia está caducada y que el proyecto no se ajusta al planeamiento urbanístico en vigor.
Silencio delictivo
La investigación, además del Ayuntamiento, afecta de pleno a la Demarcación de Costas de Canarias, cuyo jefe, José María Hernández León, ha sido destituido esta semana por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. El cese de Hernández, que es funcionario y decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, está directamente relacionado con las pesquisas de la Guardia Civil y las anomalías detectadas en la concesión de Costas para ocupar 3.711 metros de dominio público marítimo terrestre, según han confirmado fuentes de varios organismos conocedoras de dicho expediente administrativo.
Los investigadores sospechan que Hernández ha podido silenciar supuestos incumplimientos del promotor al iniciarse la ejecución de los trabajos, pues un ingeniero de Costas se negó a firmar el acta de replanteo y Patrimonio del Estado ha corroborado que existen propiedades en la zona de dominio cuya titularidad no está acreditada por la empresa promotora, Anfi Tauro SA. Tener la propiedad de todos los terrenos es una condición indispensable para beneficiarse de una concesión administrativa sobre dominio público. De ahí que la Fiscalía abra diligencias por prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, que castiga las construcciones contrarias a la normativa en estos espacios, incluso las omisiones a la hora de verificar que las obras ejecutadas se ajustan a la autorización, según establecen los artículos 319 y 320 del Código Penal, cuyo contenido coincide con los hechos investigados por la Guardia Civil.
Anfi Tauro obtuvo la concesión a finales del año pasado y las obras para hacer la playa artificial comenzaron en febrero, que fue cuando el ingeniero dejó el acta sin firmar y advirtió a sus superiores de que la realidad del terreno no se corresponde con el proyecto aprobado, entre otros motivos porque la incorporación de la parcela aportada por el promotor sobrepasa la franja de domino público e invade las propiedades que están a un lado de la playa. Esta anomalía, junto a la inspección posterior de Hacienda al recibir el suelo, motivó una investigación interna de la Dirección General de Sostenibilidad que acabó con la destitución del jefe de Costas en Canarias.
La Guardia Civil, además, tiene indicios de que Hernández sólo ha incluido en el expediente los informes favorables a los intereses del Grupo Anfi, omitiendo los reparos del Cabildo y del Gobierno de Canarias al constatar que el paseo excedía el deslinde marítimo terrestre y, por tanto, de la concesión.
