La investigación que ha abierto la Guardia Civil a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, por las supuestas irregularidades detectadas en los permisos que ha otorgado al Grupo Anfi para convertir la playa de Tauro en una cala de arena artificial no ha cogido por sorpresa a los vecinos del enclave. Algunos sospechan que los trabajos que se han realizado en la zona en los últimos seis meses "no cumplen con la normativa medioambiental", como defendió Francisco Ojeda, y otros son conscientes de que a partir de ahora comienza una "lucha" por conservar sus casas en primera línea de mar de un enclave que ha pasado de ser familiar a turístico.
A mitad del siglo pasado muchas familias dedicadas al cultivo de tomates y a la pesca se asentaron en la playa de Tauro. Ismael Alegre, más conocido como Malín, recuerda de chiquillo dedicarse al "chinchorro" y corretear hasta la Playa del Cura junto a sus hermanos y primos. Años después su familia, como muchas otras del entorno, se trasladó a Arguinguín. Él, en cambio, decidió continuar viviendo en la bahía "que le vio crecer" pero desde hace unos meses no tiene tan claro que pueda permanecer en la playa con las expectativas urbanísticas que se proyectan en la zona.
La semana pasada el Grupo Anfi culminó las obras de ampliación de la playa con la colocación de 70.000 toneladas de arena dorada en la bahía. Además, pretende abrir al turismo esta nueva cala el próximo mes de agosto tras la construcción de un paseo marítimo que conecte con Amadores.
Estos últimos seis meses de obras han causado "molestias" a residentes, como Ermenio Roberto, expresidente de la comunidad de vecinos Los Barquilleros, y bares de la zona. Roberto, quien además de estar empadronado posee una sentencia que acredita la titularidad de su vivienda, sospecha que tras la inversión del Grupo Anfi en la zona (estimada en seis millones) comenzará una pugna entre los intereses del promotor y de los vecinos.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas abrió la semana pasada diligencias para investigar si las irregularidades detectadas por la Benemérita en la concesión de Costa a la empresa turística están vinculadas a un posible delito de prevaricación urbanística, ya que aún no está acreditado que la totalidad de la propiedad de la zona de dominio pertenezca al grupo Anfi. A excepción de algunas parcelas, gran parte de los terrenos aledaños a la playa pertenecen a la familia Martínez.
