Seis días después de su destitución como jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández León sale al paso de la investigación de la Guardia Civil que le ha costado el cargo por las irregularidades detectadas en el permiso otorgado al Grupo Anfi para construir una playa artificial en Tauro y explotar los servicios de temporada en esa franja del litoral de Mogán. "No eran razones de la importancia suficiente para evitar el inicio de las obras", asegura Hernández León sobre los reparos que puso un ingeniero de Costas al negarse a firmar el acta de replanteo con el comienzo de los trabajos.
También desvincula las seis empresas en las que figura como administrador o apoderado de su actividad pública, pues la mayoría de ellas están vivas pero "inactivas". Se trata de Event Driven SL, Gestino Insular SL, Flinfle SL, Telefaro 2000 SA, Telefaro SL y Mazuecas Participaciones SL. De ellas Finfle si ha presentado cuentas, pero Hernández niega que se dedique con ella al asesoramiento técnico por servicios de arquitectura e ingeniería, sino a operaciones relacionadas con el patrimonio familiar. Otra de esas sociedades, Event Driven, tiene entre sus apoderados a un exsocio con negocios en Panamá, pero Hernández rechaza que tenga intereses en ese país. "Todos mis ingresos están declarados, no tengo cuentas en el extranjero", afirma.
El exjefe de Costas, que es decano del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, explicó ayer que ha tenido varios enfrentamientos con el técnico Ignacio López-Sanvicente por su carácter "puntilloso" y excesivamente "legalista" en algunos proyectos, como el presentado por la familia Lyng y Hermanos Santana Cazorla (Grupo Anfi) para transformar la bahía de Tauro mediante una concesión administrativa de dominio público marítimo terrestre.
Esa situación, según Hernández, ha derivado en una mala relación entre ambos e, incluso, en una denuncia por acoso laboral interpuesta por el ingeniero que se resolvió a favor del exjefe de la Demarcación. Ese expediente, que se abrió el pasado noviembre y se cerró en mayo, coincide con las obras realizadas para convertir la playa de piedras en una de arena rubia traída del Sahara.
Hernández admite que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, le ha cesado por una "pérdida de confianza" vinculada a la tramitación del expediente, pero replica que detrás de esa cadena de decisiones subyace la "animadversión" de dicho técnico y un deseo de venganza por respaldar dicha iniciativa empresarial.
Las obras empezaron el pasado mes de febrero y terminaron, con la colocación de 70.000 toneladas de arena, este mismo mes, tras una visita exprés hace dos semanas por parte del promotor, la patronal turística y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Hernández añade que los problemas con el técnico surgieron el día 4 de febrero, tras negarse éste a firmar el acta de replanteo, pero permitió que las obras comenzaran "bajo mi responsabilidad" porque los reparos eran subsanables y el promotor tenía el permiso para empezar.
El Grupo Anfi obtuvo en junio de 2015 una concesión administrativa que le autoriza a ocupar 11.200 metros en la desembocadura del barranco de Tauro y, a cambio, la empresa debe aportar al dominio público una parcela de 3.811 metros libre de cargas. Es, en ese punto, donde surge el enfrentamiento con el ingeniero de Costas, porque el técnico comprueba que el deslinde no se corresponde con el proyecto aprobado por Madrid, es decir, que el lugar donde se quiere construir el paseo marítimo excede de la franja de dominio. Asimismo constata que no se trata de un terreno unitario, como el ofertado en la concesión, sino de dos parcelas separadas, una de ellas afectada por varias viviendas y negocios instalados en la zona. Hacienda ratificó luego que el promotor no ha acreditado la titularidad de todo el terreno cedido y que tampoco está libre de cargas.
Hernández entiende que esos incumplimientos son "subsanables" y no impiden el inicio de la obra marítima, esto es, la colocación de la arena en la playa, principalmente porque el promotor se ha comprometido con el Ayuntamiento a trasladar a los propietarios afectados mediante la aprobación de un proyecto de compensación. Esas propiedades, además, están sujetas a varios expedientes de recuperación de la posesión que Costas tramita porque están en situación precaria.
Según el exjefe de la Demarcación, todas esas deficiencias se pueden solventar mientras se ejecuta el proyecto, porque el momento clave se produce con la recepción de la obra y ésta no se iba a hacer hasta que se resolvieran esas controversias. Ese reconocimiento final es el que da al empresario el derecho a explotar los servicios de temporada (hamacas, kioscos y demás infraestructura prevista), como contraprestación a la inversión realizada para lograr la concesión, que tiene una duración de 50 años.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en cambio, considera que las obras nunca debieron comenzar porque se incumplen al menos dos condiciones previas al otorgamiento de la concesión: no está garantizada la zona de tránsito a la playa conforme al planeamiento urbanístico y tampoco está acreditado por el promotor la totalidad de los terrenos colindantes. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, en ese sentido, ha abierto diligencias de investigación por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio (obras sin cobertura legal).
Hernández, sin embargo, defiende su actuación al frente de Costas, cargo al que accedió en julio de 2012. Lo destituyeron el jueves de la semana pasada y en su lugar la Dirección General de Sostenibilidad ha nombrado a Rafael López Orive. "Me han cesado por pérdida de confianza, no hay más motivos. Tampoco asesoro a ninguna empresa. Sería desleal e inmoral porque soy decano del Colegio de Ingenieros", replica sobre las sociedades que aparecen en el Registro Mercantil a su nombre.
