El PP ha presentado una enmienda en el Cabildo de Gran Canaria contra la modificación de la ordenanza que pretende aprobar el gobierno de NC, PSOE y Podemos para subir la tasa que cobra a los ayuntamientos por el servicio de tratamiento de residuos, al haber una sentencia que la declara nula.

En un comunicado, el PP recuerda que una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de abril de 2015, consecuencia de un recurso presentado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, declaró nula la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, y que aunque el fallo no es firme y podría haber un acuerdo entre ambas administraciones, sería "temerario" no tenerla en cuenta. El portavoz del PP en el Cabildo, Felipe Afonso,advirtió ayer de que se trata un pronunciamiento "unánime" y "contundente", por lo que sus argumentos "podrían ser utilizados en cualquier momento por otro demandante".

El consejero del PP considera que "ahondar en sentido contrario a esta sentencia, ignorándola por completo, significa agrandar un problema generando una posible deuda que lastre las cuentas de la corporación insular, y constituiría además una gran irresponsabilidad".

Incomprensible

En la enmienda, el grupo popular propone que el Cabildo continúe asumiendo el canon que deben pagar los municipios por el uso de los complejos ambientales de Salto del Negro y Juan Grande, un coste que la corporación insular podría asumir por el incremento de los ingresos en el presupuesto actual y la previsión de que sigan aumentando en próximos ejercicios gracias al Régimen Económico y Fiscal (REF).

"Los grupos políticos que ahora conforman el gobierno 'tripartito', ante una subida de tasas de menos de la mitad de lo que ahora se propone, abogaron en su momento por no repercutir el incremento en los municipios y por establecer una subida del canon progresiva en el tiempo, por lo que en circunstancias económicas mucho mejores resulta incomprensible que no mantengan la misma posición", expone Afonso.

El PP critica además que, después de tener el expediente paralizado varios meses, se pretenda tramitar la modificación de la ordenanza por la vía de urgencia, recortando además a los grupos de la oposición los plazos para la presentación de enmiendas.

"No podemos aceptar que, cuando no existe justificación alguna, un tema de esta naturaleza se apruebe por este procedimiento, haciendo un uso abusivo y fraudulento de la urgencia", subraya el portavoz del PP en el Cabildo, quien reclama la elaboración de una nueva ordenanza.