El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias hasta el jueves de la semana pasada, José María Hernández León, desoyó órdenes directas de sus superiores en Madrid que le advertían de la obligación de suspender las obras de Tauro hasta resolver los incumplimientos del Grupo Anfi en la concesión para rehabilitar la playa y explotar durante 50 años los servicios de temporada (hamacas y locales comerciales) en esa franja del litoral de Mogán.
Esa supuesta dejación de Hernández y las irregularidades detectadas por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre son las dos razones que han forzado su destitución, la cual se produjo después de que la Guardia Civil preguntara a la Dirección General de Sostenibilidad por qué continuaron los trabajos si Dominio Público aconsejaba justo lo contrario, según explican fuentes de la investigación.
El amplio atestado del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está desde la semana pasada en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo de Las Palmas, que ha abierto diligencias de investigación por dos delitos: prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio (construcciones ilegales), los cuales apuntan directamente hacia Hernández porque es el responsable local del expediente, es decir, la persona que ha recabado los informes de las administraciones afectadas por la tramitación del proyecto (Ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias), para luego remitir la información a Madrid y que la Dirección General resolviera la concesión solicitada para ocupar el dominio público marítimo terrestre.
El exjefe de Costas admite que un ingeniero de su departamento se negó a firmar el acta de replanteo con el trazado de las obras, pero niega que los reparos del técnico tuvieran la importancia suficiente para evitar el inicio de los trabajos y, por ese motivo, autorizó verbalmente que comenzaran bajo su responsabilidad, entre otras razones porque el momento clave del procedimiento viene después, con la recepción de las obras, y ésta no se iba a realizar hasta que el empresario subsanara las deficiencias detectadas. Sus superiores, en cambio, no pensaron así y, tras revisar el expediente, le plantearon que la rehabilitación de la playa no debió comenzar hasta solventar esos defectos. El exjefe de Costas asegura que no se paró la obra porque estaba casi acabada y desde el principio pensó que los incumplimientos del promotor eran subsanables.
Hernández, que es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, autorizó los trabajos el 4 de febrero, pero el ingeniero Ignacio López-Sanvicente, tras negarse a firmar el acta de replanteo, elevó una queja a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. El técnico denunció las presiones de Hernández para firmar el acta y omitir las irregularidades detectadas, entre ellas que la parcela aportada por el promotor no se corresponde con el proyecto original, pues se adentra demasiado en el barranco y sobrepasa el deslinde marítimo terrestre, es decir, la franja de dominio público donde está previsto el paseo marítimo y la colocación de los servicios de temporada para explotar la playa, incluso parte del terreno está ocupado por terceras personas y no es unitario, sino que está partido por una cantina y varias viviendas.
La Dirección General de Sostenibilidad, para aclarar dicha queja, envió a Tauro a la subdirectora de Dominio Público Marítimo Terrestre, Josefa Solernou Sanz, que finalmente hizo la inspección en marzo y constató irregularidades tanto en el acta de replanteo como en la que acredita la entrega de los terrenos. A finales de abril emitió el informe donde revela que las obras no pueden comenzar hasta que se resuelvan esas anomalías, principalmente porque el promotor no ha acreditado la titularidad del suelo colindante y esa es una de las condiciones previas a la ejecución del proyecto de mejora.
Es más. El Grupo Anfi, que está integrado por la familia Lyng y por Hermanos Santana Cazorla, obtuvo la concesión gracias a esa parcela de 3.811 metros que aporta al dominio público, pues la propuesta del otro empresario que se presentó al concurso no incluía una contraprestación de esa naturaleza. Ese otro empresario es Miguel Cazorla, con negocios en la playa vecina de Amadores. De ahí la exigencia de que Anfi Tauro SA acredite la titularidad de dicho terreno como condición previa al inicio de las obras, ya que gracias a esa mejor oferta le concedieron la ocupación de los 11.200 metros de dominio público para rehabilitar la playa y explotar los servicios de temporada, según establece la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en la resolución del concurso, que lleva fecha del pasado 9 de junio de 2015.
La otra condición previa que puede haber incumplido el promotor es no garantizar la servidumbre de tránsito en el espacio colindante a la playa y los accesos a la misma, es decir, el paseo marítimo por no adecuarse al planeamiento urbanístico.
