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El exgerente del Granca vendió al club muebles que después tiró a la basura

Alberto Miranda utilizó empresas suyas y de su pareja para cobrar 32.778 euros por mobiliario usado

El exdirector-gerente del Club Baloncesto Gran Canaria, Alberto Miranda, vendió a la entidad cuatro lotes de muebles de segunda mano que en muchos casos acabaron en la basura por inservibles. En dos de esas compraventas, que el Cabildo ha remitido a la Fiscalía por claros indicios de delito, utilizó a la empresa Miranda Inmoconsulting SLU, en la que figuraba él mismo como socio y administrador único.

En las otras dos ventas se pagaron las facturas a nombre de Rita A. González, su pareja sentimental, bajo el nombre comercial de AGP Muebles, cuya dirección social se encuentra en una vivienda particular de Tafira Alta. Alberto Miranda realizó esas cuatro operaciones como vendedor de los muebles y como comprador en nombre del Club Baloncesto Gran Canaria, entre el 5 y el 27 de mayo de 2015, los días previos y posteriores a las elecciones en el Cabildo.

En total, el club deportivo desembolsó 32.778 euros (26.630 euros sin IGIC) por los cuatro lotes, destinados a amueblar los apartamentos que el club dispone para sus jugadores en el edificio Iris. Sin embargo, por instrucciones del propio exgerente, los muebles que servían se usaron para decorar esas viviendas y los estropeados o incompletos se regalaron al Centro Reto o se llevaron a un punto limpio de residuos.

Todos estos hechos han llevado al Patronato de la Fundación Canaria del Deporte, la empresa pública del Cabildo que se encarga de la gestión del Granca, a remitir las actuaciones de Alberto Miranda a la Fiscalía Provincial de Las Palmas para que determine si se trata de irregularidades administrativas o delitos.

Responsabilidades

Los informes jurídicos que maneja el Cabildo consideran que el exgerente y su compañera sentimental han podido cometer los delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento y estafa, por lo que los pasos a seguir por el club serían interponer una denuncia o querella criminal contra ambos.

Con ello se podría conseguir la devolución de lo apropiado indebidamente en concepto de responsabilidad civil, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir. El perjuicio económico al club se calcula en 26.630 euros, según explicaron ayer fuentes del Cabildo.

Los datos que se van conociendo tras la decisión de remitir estos hechos a la Fiscalía apuntan a que el exgerente planeó una presunta estafa al club que dirigía y que para ello utilizó muebles de segunda mano de propiedad o comprados a terceros. Para evitar que los otros responsables del equipo de baloncesto tuvieran conocimiento de esas irregularidades, dividió la compra en cuatro lotes, pues solo estaba autorizado a realizar pagos con su única firma por valor de 12.000 euros.

Las dos primeras partidas de mobiliario para los apartamentos del Granca tienen la misma fecha, el 5 de mayo de 2015, y se adquirieron a Rita A. González Peraza (AGP Muebles) por importes de 8.800 euros y 6.425 euros. Ambas compras fueron pagadas mediante cheques por esos importes el 11 de mayo.

Un día después se realizó la tercera compraventa, de 10.234 euros, esta vez a nombre de la propia sociedad mercantil del entonces gerente del Granca, Miranda Inmoconsulting SLU. Pagó por cheque ese mismo día. El cuarto lote de mobiliario, de 7.318 euros, también se adquirió y se pagó el mismo día, el 27 de mayo, tres días después de las elecciones al Cabildo y del cambio político que auguraba la destitución de Alberto Miranda como responsable económico del club de baloncesto.

Todos los muebles se entregaron en el mes de junio, después de pagadas las facturas. Según las fuentes consultadas por este periódico, los enseres adquiridos a sí mismo por el exgerente del Granca eran de segunda mano, sin que constará indicación de esa circunstancia en la documentación mercantil de los vendedores.

Muebles inservibles

De hecho, una parte del mobiliario resultó inservible para los apartamentos de los jugadores y el propio Alberto Miranda dio instrucciones a los empleados del club para que los llevaran al Centro Reto o se desprendieran de ellos en un punto limpio de reciclaje de residuos.

Según los informes recabados por el Cabildo, las irregularidades en la gestión administrativa pusieron al descubierto la presunta estafa y la apropiación indebida, pues la entrega de las facturas y el pago de las mismas no se realizó por los procedimientos habituales que tenía el club.

Así, en ninguna de las facturas se anexionaron los presupuestos aceptados previamente y el albarán de entrega. Tampoco se pidieron tres presupuestos para el elegir el más beneficioso para el club. Además, los cuatro abonos de los muebles se efectuaron mediante cheques firmados por el exgerente, cuando lo habitual era realizar los pagos a través de una transferencia bancaria firmada por las personas que actuaban como apoderados de la entidad. La división de la compra de muebles en cuatro lotes para pagarlos en facturas inferiores a los 12.000 euros puso en aviso a los auditores.

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