El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó hoy la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tasas por el tratamiento de residuos en los dos ecoparques de Gran Canaria para adaptarlas a los costes reales del servicio, incluyendo los nuevos tratamientos, y cumplir con la normativa vigente.

La tasa de residuos sólidos urbanos pasa de 26 a 53 euros por tonelada y se crea una nueva tasa disuasoria para residuos mezclados no valorizables. Su objetivo es evitar que acaben en el vaso de vertidos grandes volúmenes de residuos que no se pueden tratar. También entra en vigor una nueva tarifa para biorresiduos, como el aceite de restaurantes o las heces animales, de algo más de 31 euros por tonelada.

Con estas medidas, el Cabildo de Gran Canaria busca homologarse a otras regiones punteras en el tratamiento de residuos como Cataluña, que separa selectivamente el 38 por ciento de sus residuos, mientras que Canarias solo alcanza 12 por ciento.

De hecho, si en 2020 Canarias no consigue llegar a una tasa del 50 por ciento de valorización y reciclaje de los residuos urbanos, la UE y el Estado tienen capacidad para sancionar al Archipiélago, ya que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece dicho objetivo en su artículo 22.

De esta manera, las nuevas tasas incorporan la totalidad de la amortización de las mejoras realizadas en los ecoparques, que estarán finalizadas entre los meses de septiembre y octubre de este año para cumplir la previsión de que las plantas estén a pleno rendimiento a comienzos de 2017.

Esta adaptación del precio de las tasas comenzó el año 2013 debido a los cambios legislativos y a las mejoras que progresivamente se han acometido en los Ecoparques del Norte y del Sur.

Dado el principio medioambiental de "quien contamina paga", hay que incentivar de este modo la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos.

El Gobierno insular es consciente de que estas tasas suponen un esfuerzo para los municipios y para la ciudadanía, por lo que el Cabildo trabaja para construir políticas municipales integradas en una perspectiva insular para la gestión sostenible de los residuos a través de la intensificación de la información, la educación ambiental y la concienciación.

El Cabildo dedica esfuerzos permanentes a asesorar a los ayuntamientos de la isla para mejorar sus ordenanzas fiscales y de gestión, así como sus pliegos de condiciones de los contratos de recogida de residuos para hacerlos más eficientes y adaptados a la nueva realidad.