El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha defendido este viernes la necesidad de dotar de más personal a la corporación insular para que pueda prestar un servicio de calidad "en tiempo y forma", que ahora no puede afrontar en determinadas áreas por la carencia que presentan.

Durante su intervención en el pleno de la corporación, Morales ha defendido la nueva política de Recursos Humanos, que gestiona la consejera Maribel Santana, tras las críticas efectuadas por el portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que ha advertido que el Cabildo podría entrar en una "senda negativa".

Bravo de Laguna se interesó sobre esa cuestión en el turno de preguntas, por entender que el incremento de la plantilla de la corporación supondrá reducir el gasto corriente y las inversiones, una "transformación importante del esquema del Cabildo", pues es de las pocas administraciones que cuentan con la ventaja de destinar al capitulo de personal solo el 20 por ciento de su presupuesto.

Además, el líder de Unidos por Gran Canaria ha manifestado que en el programa de gobierno "no aparece nada" sobre este cambio que se pretende.

Morales ha explicado que la intención de la corporación es acercarse a la media de lo que destinan las administraciones públicas a personal, el 42 por ciento de su presupuesto, nivel que se considera "óptimo", pero que ello no quiere decir que se vaya a duplicar el presupuesto para personal de la corporación.

La partida que destina el Cabildo a personal, a juicio de Morales, supone una "dejación de su obligación", porque no se cuenta con los medios humanos necesarios y en las áreas que no cuentan con personal suficiente se produce una "situación de estrés sobrevenida" para sus trabajadores.

El pleno del Cabildo ha aprobado por unanimidad una moción para apoyar el Instituto Tecnológico de Canarias, por ser un instrumento estratégico fundamental para la investigación y el desarrollo y para la modernización de la economía de las islas, ante el acuerdo el viabilidad aprobado por el Gobierno de Canarias, que, según el portavoz de NC, Carmelo Ramírez, es "intolerable" y responde a una estrategia para "liquidar y enterrar" este centro de investigación.