El empresario Santiago Santana Cazorla ha incumplido las condiciones a las que se comprometió para lograr la concesión de Costas y transformar la bahía de Tauro mediante la construcción de una playa artificial, un paseo marítimo y la explotación de los servicios de temporada (comercios y hamacas, entre otros), según consta en una de las diligencias practicadas por la Guardia Civil. El atestado ha sido remitido a la Fiscalía de Las Palmas, cuya sección de Medio Ambiente y Urbanismo abrió la semana pasada diligencias de investigación por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio (construcciones ilegales).
Santiago Santana Cazorla aceptó las "condiciones y prescripciones" de la concesión administrativa en "nombre y representación de Anfi Tauro SA", que es el promotor de la obra y una de las compañías del Grupo Anfi, cuyos socios principales son la familia Lyng y Hermanos Santana Cazorla. El empresario admitió esas condiciones el 14 de septiembre de 2015 y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación del Ministerio de Medio Ambiente, autorizó el pasado 1 de octubre la ocupación de 11.200 metros de dominio público para regenerar la playa, pero con cuatro condiciones previas al inicio de los trabajos: extraer la arena de una playa distinta a Las Canteras, eliminar un muro perimetral, garantizar la servidumbre de tránsito (paseo marítimo) y "aportar pruebas de la propiedad de los terrenos colindantes". Estos últimos dos requisitos son los que han sido incumplidos por el promotor, según las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Los investigadores se basan en un informe de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre que detecta varias anomalías en una parcela de 3.811 metros aportada por Anfi, con la finalidad de "ampliar la playa seca" gracias a la "propiedad del solicitante", es decir, del Grupo Anfi. Esas anomalías afectan directamente a la titularidad del terreno. El promotor, que terminó de colocar la arena traída del Sahara a principios de este mes, aún no ha acreditado la propiedad de la totalidad del suelo cedido al Estado para incorporarlo al dominio público. Esto era obligatorio antes de comenzar a colocar la arena. Es más. Los técnicos fallaron a favor de Anfi por esa aportación de terrenos privados para ensanchar la playa. El proyecto presentado por Miguel Cazorla León, que tiene negocios en la vecina Amadores y también solicitó la concesión en Tauro, no contemplaba esa opción. De ahí la importancia de cumplir con la condición impuesta para beneficiarse de la autorización.
El acta con la entrega de los terrenos se formalizó el 4 de febrero, pero la subdirectora general de Dominio Público, Josefa Solernou Sanz, tras recibir la queja de un ingeniero de Costas que se negó a firmar el acta de replanteo, se desplazó desde Madrid a Tauro en abril para revisar el expediente y se encontró con las irregularidades. Entre ellas destacan que el terreno registrado en el acta no se correspondía con el del expediente de concesión; que las inscripciones registrales entregadas tampoco coincidían; que tenía cargas y, además, estaba ocupado por terceros.
La subdirectora pensaba encontrarse con una parcela unitaria en condiciones de incorporarla al dominio público, tal y como figura en el proyecto enviado a Madrid, pero comprobó que eran dos bolsas de suelo separadas por un pequeño poblado de casas y un bar situado a un lado de una playa de piedras. Asimismo constató que el técnico no había firmado el acta de replanteo porque el suelo aportado por el promotor sobrepasaba el dominio público autorizado, entro otros incumplimientos que desaconsejaban el inicio de la obra.
La subdirectora, tras realizar la inspección en marzo, emitió un informe a finales de abril en el que recomienda suspender las obras hasta solventarse las anomalías en el acta de replanteo y en la que certifica la entrega de los terrenos, pues los defectos son tan graves que la parcela del promotor no se puede incorporar al Patrimonio del Estado hasta resolverse el conflicto de la titularidad.
La obra, sin embargo, empezó en febrero por orden verbal del jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández León, que fue destituido el jueves de la semana pasada, tras pedir la Guardia Civil explicaciones a la Dirección General de Sostenibilidad de los motivos por los que continuó la obra. Hernández asegura que la colocación de la arena estaba casi acabada y por ese motivo no se paró. Considera que los defectos denunciados por el ingeniero eran una venganza personal, tenían poca importancia para evitar el inicio de la obra y eran subsanables. Sus jefes, en cambio, lo relevaron del cargo por pérdida de confianza.
