La Guardia Civil sospecha que el exjefe de Costas excluyó del expediente de Tauro dos informes del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias que advertían de la incompatibilidad del proyecto con el Plan Territorial Especial-29 del Litoral de Tauro. Los reparos afectan al paseo marítimo previsto en dicho plan urbanístico para conectar esa bahía con la vecina Amadores, en Mogán.
José María Hernández, que fue destituido el jueves de la semana pasada por las irregularidades detectadas en el expediente, comenzó el 3 de octubre de 2014 a tramitar la concesión administrativa solicitada por el Grupo Anfi, cuya finalidad es explotar la playa durante 50 años (hamacas y comercios) a cambio de ampliarla con arena. La petición salió a información pública y el empresario Miguel Cazorla León, con negocios en Amadores, presentó un proyecto alternativo al planteado por la familia Lyng y Hermanos Santana Cazorla (Grupo Anfi). Luego Hernández pidió informes a las distintas administraciones y propuso a la Dirección General de Sostenibilidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, la adjudicación para Anfi porque su propuesta tiene "mejores soluciones técnicas" y "más utilidad pública", pues el empresario aporta una parcela de 3.811 metros para mejorar la playa. Lo mismo concluye la Subdirección General de Protección de la Costa y, el 1 de octubre de 2015, la Dirección General autoriza finalmente la ocupación de 11.200 metros de dominio público marítimo terrestre, sin que figuren en el expediente remitido a Madrid los informes elaborados por el Cabildo y por el Gobierno regional.
El Cabildo, en concreto, respondió a la Demarcación de Costas en diciembre de 2014, pero en el expediente figura que la institución insular "no ha emitido informe". El dictamen no sólo fue remitido en la fecha indicada, sino que alertaba de que el terreno del promotor invade el trazado del paseo previsto en el Plan Territorial Especial de Tauro y, por tanto, es incompatible con el planeamiento urbanístico si no se modificaba.
La respuesta de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que es de marzo de 2015, sí se incluye en el expediente, pero sólo la parte que beneficia a Anfi, es decir, la que avala las obras porque "no prevén dragado alguno y suponen una mejora de ese tramo del litoral", entre otras consideraciones favorables. La parte que no aparece es, precisamente, la que afecta al trazado del paseo. Esta vez es Ordenación del Territorio quien avisa de que es necesario modificar las Normas Subsidiarias y el Plan Parcial para ejecutar el proyecto, pero en el expediente se vuelve a decir que "no se ha emitido informe".
Esos dictámenes no son vinculantes, pero los investigadores creen que se han omitido del expediente para evitar retrasos al promotor en la tramitación del proyecto. Las obras para colocar 70.000 toneladas de arena traída del Sahara comenzaron en febrero y se dieron por concluidas a principios de este mes, a pesar de las anomalías halladas por Dominio Público en las actas de replanteo y de entrega de la parcela, las cuales desaconsejaban el inicio de los trabajos por el incumplimiento de las condiciones establecidas para obtener la concesión. En ese sentido, Santiago Santana Cazorla, en nombre de Anfi, se comprometió a acreditar la titularidad de dicho terreno, pero resulta que está ocupado por terceros, no coincide con el proyecto, tiene cargas y las inscripciones registrales son diferentes, según un informe de la Subdirección General de Dominio Público. La Fiscalía ha abierto diligencias por prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
