El juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana procedió el pasado mes de mayo a la apertura de juicio oral contra el exalcalde del municipio de Mogán, Francisco González, por haber presuntamente vulnerado los derechos individuales y cívicos de los concejales de Ciuca, Mencey Navarro y Luis Miguel Becerra, y haber cometido un delito de prevaricación administrativa durante el mandato anterior. Los dos denunciantes, ahora en el grupo de gobierno, acusan a González de haberles impedido "sistemáticamente" grabar los plenos del ayuntamiento aún cuando varios pronunciamientos judiciales condenaban su actitud. El Ministerio Fiscal pide una pena de tres años de inhabilitación de empleo y cargo público para el acusado. El dirigente del Partido Popular sostiene que "simplemente" se limitó a hacer cumplir una "normativa aprobada por la propia corporación".
A lo largo del mandato anterior (2011-2015) varios fueron los episodios que sembraron la discordia en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mogán. Sin embargo, hubo uno que destacó en particular por la cantidad de sentencias emitidas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que condenaron la prohibición de la grabación de las sesiones plenarias.
Artículo 107
Luis Miguel Becerra, actual edil de Deportes, y Mencey Navarro, responsable de Seguridad, denuncian en su escrito de acusación que el exalcalde les impidió "de manera inmotivada" ejercer sus derechos cívicos y fundamentales en el período comprendido entre noviembre de 2012 a diciembre de 2013. La actuación de González se fundamentaba en el artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal, que tras ser aprobado en la sesión plenaria en 2012, establecía la prohibición de grabar los plenos sin la previa y discrecional autorización de la persona que presidía la sala. Los concejales de Ciuca señalan en su documento que, a pesar de que solicitaron con anterioridad a la cita municipal "autorización por escrito en el registro del Ayuntamiento" para grabar el pleno, no obtuvieron respuesta alguna del exalcalde. En cambio, "otras personas que no habían pedido permiso siquiera" podían realizar esta tarea sin ningún tipo de obstáculo. Se trataba entonces, replican ambos ediles, de una prohibición dirigida "únicamente" a este grupo político. En una ocasión el exmandatario llegó incluso a ordenar la incautación de la cámara de vídeo así como la expulsión de Becerra de la sala de plenos. En noviembre de 2013 una sentencia de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias procedía a anular la aplicabilidad del artículo 107 por ser "inconstitucional" y vulnerar el derecho fundamental a "comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", contemplado en los artículos 20.1d) y 20.2 de la Constitución. Fue entonces cuando el consistorio recurrió la sentencia alegando que la normativa no prohibía "expresamente" la grabación de los plenos, sino que dejaba la decisión al "arbitrio" del alcalde. En octubre de 2013 autoridades como el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, estimaron la queja de los concejales de Ciuca y recomendaron a González permitir la grabación de los debates municipales libremente. Tras las elecciones municipales de mayo de 2015, el Tribunal Supremo desestimó el recurso del consistorio y ratificó la sentencia del TSJC. Además el alto tribunal apeló que al tomarse en pleno decisiones con carácter de "interés general" la grabación de sus contenidos contribuye a la creación de una opinión libre. Tras conocer el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, quien en estos momentos pide tres años de inhabilitación de empleo y cargo público a González, el exalcalde insistió que su actuación se limitó a hacer cumplir un reglamento que fue aprobado por la corporación en pleno. "Se trataba de una normativa y no de un decreto firmado por mi, por lo que yo tenía la obligación de aplicar el artículo porque así lo había decidido el ayuntamiento", explicó el presidente de los populares en Mogán, también empleado público en el área de administración en el ayuntamiento sureño. "Además", matizó González, la actitud de Ciuca, que "grababa incluso en los pasillos" de las casas consistoriales, "incomodaba" también al resto de los compañeros en la "oposición" que me exigieron cumplir con la normativa vigente.
