La instrucción judicial sobre la desaparición de Yeremi Vargas dio ayer un paso más en la búsqueda de pruebas indiciarias contra el investigado Antonio Ojeda con la declaración ante el magistrado Mariano López Molina, del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, de un testigo protegido. A preguntas del juez, el compareciente aseguró haber visto el vehículo del también conocido como Juan el Rubio circulando por las inmediaciones del lugar donde desapareció el pequeño el 10 de marzo de 2007.
El testigo es un vecino de Vecindario sin relación con la familia de Yeremi que declaró, según fuentes judiciales, haber visto en las cercanías de la calle Honduras, donde residía el pequeño, a un hombre con barba y gafas conduciendo en dirección contraria un automóvil que coincidía con las características del de Antonio Ojeda. El vehículo descrito ayer también era un turismo de color blanco y tenía una pegatina de una palmera en la parte trasera, datos que casan con el Renault 5 Oasis de color blanco que conducía habitualmente Juan el Rubio. Se da la circunstancia de que dicho modelo de coche incluía de serie el dibujo de esta misma planta en la parte inferior derecha del portabultos.
Esta es la segunda declaración de testigos relacionados con el caso de Yeremi Vargas realizada en el contexto de la comparecencia de Antonio Ojeda en la misma sede judicial el pasado 13 de julio. Unos días después, el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, confirmó ante los medios que el juez había tomado declaración a través de videoconferencia al preso que compartía celda con Ojeda en el centro penitenciario de Algeciras, donde el investigado por el caso de Yeremi se encontraba hasta el pasado junio, antes de su traslado a la prisión de Juan Grande a finales de ese mes.
Ojeda no responde
Durante su comparecencia ante el juez López Molina, Ojeda se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por la familia del pequeño. Sólo accedió a contestar a las cuestiones que le planteó el abogado defensor que le fue asignado por el turno de oficio, al que negó tener vinculación con el caso.
El magistrado instó a Ojeda a someterse a una prueba de ADN de forma voluntaria, aunque éste rechazó tal posibilidad. Las partes esperan que, tras esa negativa, el juez le obligue a realizar el test a través de una resolución motivada, aunque esa petición todavía no ha sido realizada de modo formal. Tras el acto, el juez al cargo del caso optó por no adoptar más medidas cautelares contra él, toda vez que el Ministerio público tampoco las había solicitado al encontrarse ya en prisión a la espera de la celebración de un juicio en la Audiencia de Las Palmas por un presunto delito de agresión sexual a un menor en 2012 también en Vecindario, aunque sin relación con el caso de Yeremi. Antes de su comparecencia, Ojeda fue sometido a un examen psiquiátrico por miembros del Instituto de Medicina Legal que dictaminaron su plena capacidad mental para enfrentarse a la acusación que pesa en su contra.
