El vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que el Club Baloncesto Gran Canaria escuchó las explicaciones del exdirector-gerente del equipo, Alberto Miranda, antes de remitir a la Fiscalía las presuntas irregularidades en la compra de cuatro lotes de mobiliario para los jugadores del equipo, operaciones en las que los servicios jurídicos del Cabildo y del club aprecian indicios de hasta tres delitos: apropiación indebida, falsedad documental y estafa.
En respuesta a las declaraciones del anterior consejero insular de Deportes y actual portavoz suplente del PP, quien criticó el pasado viernes que se haya hecho un juicio paralelo a Alberto Miranda sin ni siquiera escuchar sus explicaciones, Torres explicó que el expediente sobre el exdirector-gerente se inició en el mes de diciembre y, desde del primer momento, el club decidió darle audiencia.
"Se le recibió, él dio sus explicaciones y con ellas se realizó un segundo informe, que fue el que concluyó en ese envió a la Fiscalía Provincial de Las Palmas", afirmó Torres, quien sostuvo que "absolutamente todos" los consejeros del club y de la Fundación Canaria del Deporte han tenido a su disposición los documentos relativos a las operaciones supuestamente irregulares del exdirector-gerente, lo que niega Bravo de Laguna.
"Lo que ocurre es que siguiendo los criterios del Servicio Jurídico se les planteó que el expediente no se remitiera por correo, sino que si alguien lo quería conocer debía ir a verlo a las dependencias del Cabildo, como así se hizo", apuntó Torres, quien no negó que hubo un acuerdo de todos los grupos políticos del Cabildo para que las actuaciones de Alberto Miranda no trascendieran a la opinión pública.
Informaciones
"Yo me he sentido molesto por la publicación de esas informaciones y saben todos los medios de comunicación que me han llamado estos días que no voy a decir nada de ese expediente", declaró el consejero de Deportes, quien recalcó que el Cabildo "entiende y seguirá entendiendo que debe quedar en la esfera interna administrativa, ademas de respetar la presunción de inocencia".
Torres insistió en que su departamento se limitó a realizar lo que decían los informes jurídicos del club y del Cabildo, que era trasladar el expediente a la Fiscalía. "Nosotros no somos ni jueces ni parte, será el Ministerio Fiscal el que, a la vista de los hechos y de los informes entregados, concluya si hay o no indicios de delito; sin embargo, he leído que casi se ha producido ya el juicio y que ha habido una condena", insistió.
La decisión de acudir al fiscal, aclaró Torres, no se adoptó en el Patronato de la Fundación Canaria del Deporte, sino en el Consejo de Administración del Club, donde hay representantes de los grupos políticos del Cabildo y de otras entidades sin vinculación partidista.
Tras considerar que estas situaciones "no son extrañas, pues ocurren en muchas otras administraciones", dijo que también había otras alternativas, "como ir directamente al Juzgado". Según Torres, la decisión de remitir los hechos a la Fiscalía "es la que preserva mejor el interés del afectado", pero exigió "no llegar a condenas prematuras porque hay que respetar los pasos de la justicia".
El expediente remitido a la Fiscalía señala que Alberto Miranda compró cuatro remesas de muebles a una empresa suya, Miranda Inmoconsulting SL, y a otra a nombre de su pareja, Rita A. González (AGP Muebles), mobiliario que era de segunda mano y que en buena parte era inservible, por lo que el propio director-gerente ordenó que se regalara a un Centro Reto o llevará a un punto limpio de tratamientos de residuos.
Esas compras, por un valor de casi 33.000 euros, se realizaron en los días previos y posteriores a las elecciones locales de 2015. En esos días., Bravo de Laguna prorrogó el contrato de Miranda con un aumento del sueldo.
