Aprobar un nuevo documento o incluir sus determinaciones en el Plan General Supletorio de San Bartolomé de Tirajana. Esas son las dos alternativas que baraja el Ayuntamiento sureño para evitar que la anulación del Plan de Modernización de Maspalomas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) paralice la rehabilitación de los alojamientos turísticos y las inversiones que ya están en marcha.
En ambas alternativas, la solución podría llegar antes que la decisión final de los tribunales, pues se da por hecho que las tres administraciones personadas -Gobierno de Canarias, Cabildo y el propio Ayuntamiento- recurrirán la sentencia del TSJC que anula el Plan de Modernización, Mejora (PMM) e Incremento de la Competitividad del sector turístico de Maspalomas por carecer del informe de Costas y de un estudio de viabilidad económica.
Esas dos cuestiones formales, denunciadas por el portavoz de Nuevas Canarias (NC) en el Ayuntamiento de San Bartolomé, Ángel López, han tumbado ese instrumento urbanístico, creado por el Gobierno de Canarias para impulsar la renovación de la planta hotelera mediante incentivos a la edificabilidad, incluso con nuevas camas en otras zonas de la Isla. Además de la rehabilitación hotelera, el PPM recoge actuaciones singulares para mejorar la oferta turística, tanto públicas como privadas.
La sentencia del TSJC y el anuncio del Ayuntamiento de que paralizará las licencias pendientes ha generado la alarma en el sector turístico, aunque expertos en urbanismo consultados ayer por este periódico aseguraron que el Consistorio puede seguir otorgando permisos mientras el fallo judicial esté recurrido en casación y no haya sentencia firme.
En ese tiempo se podría aprobar un nuevo PMM, subsanando las carencias detectadas por los jueces, o se podrían incluir sus disposiciones en el Plan General Supletorio de San Bartolomé, actualmente en tramitación por parte del Ayuntamiento y el Gobierno. En este segundo caso se necesitaría acelerar la aprobación del documento, ahora estancado por la falta de funcionarios para contestar las miles de alegaciones sobre el uso residencial de los edificios turísticos.
De hecho, el Gobierno y el Ayuntamiento habían acordado retrasar el Plan Supletorio en espera de que la nueva Ley del Suelo de Canarias resuelva el conflicto sobre la utilización de los alojamientos turísticos como viviendas particulares. Ambas administraciones optaron por esa fórmula porque el PMM servía de paraguas jurídico para amparar las nuevos proyectos de renovación hotelera, pero la sentencia del TSJC ha dejado a la intemperie esas inversiones.
El Gobierno de Canarias eludió hacer declaraciones sobre el varapalo judicial y se limitó a confirmar que va a recurrir la sentencia. En septiembre, previsiblemente, se reunirá con el Ayuntamiento para evaluar las alternativas y tomar una decisión.
Fernando González, concejal de Urbanismo de San Bartolomé, explicó que el Ayuntamiento "va a estudiar esas dos vías y va a proponer al Gobierno que utilice la que más rápido resuelva el problema, porque Playa del Inglés fue la primera gran zona turística del país, con edificios que ya tienen 50 años, y necesita de forma imperiosa una rehabilitación para seguir siendo competitiva".
Según sus cálculos, esperar por la resolución de los recursos judiciales bloquearía la renovación hotelera durante un mínimo de un año. González dijo que el Ayuntamiento no dará más licencias acogidas al PMM hasta que existan garantías jurídicas. Uno de los expertos consultados ayer consideró que el concejal de Urbanismo que "ha creado una alarma innecesaria" porque el Ayuntamiento tiene varias alternativas para seguir concediendo las autorizaciones.
El gobierno municipal tiene sobre la mesa varios proyectos, el último aprobado en el pleno de julio para rehabilitar los bungalows Nayra, un complejo de apartamentos de una llave que pasará a la categoría de cuatro estrellas tras una inversión de 1,46 millones.
